Un total de 16 millones de metros cuadrados sin declarar lleva detectados hasta ahora la provincia en 38 municipios y comunas, en el marco del Programa de Fiscalización Catastral que desarrolla a través de la Subsecretaría de Ingresos Públicos. Estas superficies representan unos 20 millones de pesos no percibidos por el fisco, que pasarán a engrosar la recaudación por impuesto inmobiliario recién a partir de 2011.

Estos 20 millones representan un 4,6 por ciento del acumulado por inmobiliario en lo que va de 2010 (435.202.064 pesos), y un 7,7 por ciento de los 259.632.150 pesos que significó la recaudación de todo 2009.

"A estos 20 millones de pesos que implican las construcciones no declaradas detectadas, se suman otros 12 millones del retroactivo por los incumplimientos de los últimos 3 años", explicó el subsecretario de Ingresos Públicos, Sergio Beccari. Y recordó que "el control y la detección de estas irregularidades forman parte de la base de la política fiscal que lleva adelante la actual gestión".

Beccari también se refirió a la puesta en marcha del Observatorio de Valores para determinar el valor de referencia de los inmuebles de la provincia y evitar irregularidades en las operaciones inmobiliarias. "Una vez que determinemos esos valores, la Administración Provincial de Impuestos (API) podrá ejercer un mejor control sobre las transacciones inmobiliarias", indicó.

En cuanto al objetivo de fondo de esta política, el funcionario que "las fiscalizaciones realizadas en colaboración con los municipios y comunas apuntan a que el impuesto inmobiliario vuelva a representar el 27 por ciento de la recaudación provincial, como en el año 1992. Hoy este impuesto sólo alcanza el 10 por ciento de los ingresos públicos de Santa Fe".

Areas registradas. Del total de construcciones no declaradas, 11.621.176 metros cuadrados fueron detectados en los 38 municipios y comunas que adhirieron al programa "Juntos vamos a tomar medidas".

Las mayores superficies corresponden a las ciudades de Reconquista, con 1.134.208 metros cuadrados sin declarar; Villa Gobernador Gálvez (1.122.032); Venado Tuerto (1.120.042) y San Lorenzo, con 936.530 metros cuadrados no declarados (ver infografía).

Mientras tanto, se están realizando en la actualidad fiscalizaciones en Chabás, Fray Luis Beltrán, Ibarlucea, Rafaela, Rufino, San José de La Esquina, Wheelwright, Empalme Villa Constitución y Recreo. Por lo detectado al momento, se estima que se incorporarán a la base de Catastro otros 2,5 millones de metros cuadrados.

A eso se suman otros 991.766 metros cuadrados edificados sin declarar en parques y áreas industriales, sobre un relevamiento de 1.143 empresas; 140 mil en barrios cerrados y 840 mil en puertos de la provincia.

Próximos operativos. "Estos operativos continuarán en grandes superficies como shoppings, cines, hoteles, entidades bancarias y centros comerciales a partir del próximo 1º de noviembre", precisó el titular de Catastro e Información Territorial, Horacio Palavecino.

Además, se está preparando a los equipos técnicos para comenzar a aplicar el proceso de detección de mejoras no declaradas en las ciudades de Santa Fe y Rosario.

Beccari también se refirió a la reciente implementación del Observatorio de Valores para determinar el valor de referencia de los inmuebles de la provincia. "El principal objetivo de esta herramienta es evitar irregularidades en las transacciones inmobiliarias (de venta, compra o mejoras), porque permite conocer en forma permanente los valores actuales de mercado en el territorio provincial", indicó el funcionario.

"La provincia tiene registrado un valor catastral —por el que se determina el valor del impuesto inmobiliario urbano y suburbano— de 300 pesos por metro cuadrado; y para los inmuebles rurales —calculando la mejor tierra de la provincia— en 7 mil pesos", detalló el funcionario. Para dar cuenta de la distorsión existente explicó que "para la construcción de la autovía 19, el gobierno pagó 8.500 dólares por cada hectárea que debió expropiar".

En ese marco, Beccari consideró "fundamental contar con los valores de referencia". Al respecto, explicó que en caso de que "se realice una operación que esté por debajo del valor de referencia —continuó el funcionario—, que no pueda ser justificado, API llevará a cabo un proceso integral de fiscalización que probablemente determine una reescrituración. Esto, sin alterar las valuaciones fiscales, que datan de 1993", remató.