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La provincia ratifica la convocatoria a elecciones en Granadero Baigorria

Sucesión del secretario de Transporte Alejandro Ramos. El gobernador Bonfatti firmará un decreto que rechaza la pretensión del municipio de que quede sin efecto el llamado.  

Domingo 05 de Mayo de 2013

El gobernador de la provincia, Antonio Bonfatti, tiene para la firma un decreto en el que rechaza la pretensión del municipio de Granadero Baigorria de que se deje sin efecto el llamado a elecciones para intendente. Y lo hará a partir de un nuevo dictamen de Fiscalía de Estado que ratificó los argumentos por los cuales recomendó la firma del decreto 601 del 5 de abril, que convoca a elecciones primarias y generales en esta ciudad en coincidencia con los comicios en toda la provincia.

La ratificación del llamado se conoció un día después de que la Municipalidad baigorriense presentara una medida cautelar autónoma ante la Corte Suprema provincial pidiendo que se deje sin efecto el decreto 601. De no prosperar esta chance, aún le queda la posibilidad de presentar un recurso contencioso administrativo para que el máximo tribunal se expida sobre la cuestión de fondo, es decir, la legalidad o no de la convocatoria eleccionaria.

Antes de acudir a la Corte, el municipio había encarado el correspondiente reclamo administrativo con la misma intención, que se giró a Fiscalía de Estado. El organismo emitió un nuevo dictamen ratificando lo que había dicho en su momento y reiterando su consejo de que se llame a elecciones, el que dio lugar al decreto 601. Ahora el gobierno tiene que expedirse en favor de ese dictamen, y es lo que se espera que pase en los próximos días, seguramente cuando Bonfatti regrese de su viaje a China (ver página 9).

Licencia. En marzo de 2012 el Concejo de Baigorria otorgó una licencia extraordinaria al entonces intendente Alejandro Ramos, al ser éste designado como secretario de Transporte de la Nación, y autorizó su reemplazo por el entonces presidente de ese cuerpo, Mario Rosales. Tras la renovación de autoridades en diciembre de 2012, la concejala Romina Luciani ocupó el cargo de intendenta interina.

Pasaron los meses y la licencia se renovó al menos doce veces, hasta que el 5 de abril de este año Bonfatti firmó el decreto 601, que establece el llamado a elecciones para intendente bajo el argumento de la incompatibilidad de funciones de Ramos. Entre otras consideraciones, la norma invoca a la ley orgánica de municipalidades y sostiene que "conforme al ordenamiento jurídico santafesino, un intendente tiene una incapacidad absoluta de derecho para ser funcionario nacional y, correlativamente, un funcionario nacional para ser intendente".

El municipio y la mayoría del Concejo Municipal reaccionaron ante esta decisión, tanto mediática como administrativamente. Y el viernes pasado se presentó ante la Corte pidiendo que deje sin efecto el nuevo llamado. Entre otras consideraciones, el gobierno local considera que el decreto de Bonfatti, "que sólo se conoció por los medios de comunicación ya que no fue publicado en el boletín Oficial", invade la esfera de las atribuciones del Concejo y "vulnera los derechos que tanto la Constitución provincial como nacional reconocen a los municipios". También advierte que el decreto implica "una intervención sobre el municipio ilícita, porque no se respeta la participación de la Legislatura provincial", y habla abiertamente de "persecución política".

"De acuerdo a la ley". El secretario Legal y Técnico de la provincia, Diego Echen, salió al cruce de algunas de estas consideraciones. "En primer lugar, no es cierto que el decreto no haya sido publicado en el Boletín Oficial. Fue hecho público el 12 de abril y se puede ver ingresando en la página oficial de la provincia, donde también figura el anterior, que lleva el número 600, en virtud del cual se hizo la convocatoria a elecciones generales", espetó.

Si bien confesó que desconoce el contenido de la última presentación realizada por Granadero Baigorria ante la Justicia, consideró que "debe tener el mismo espíritu que el recurso administrativo, que ya se giró a Fiscalía, la que emitió el dictamen favorable a la decisión del gobernador". Y puesto a defender el decreto insistió con que "se cumplió con los fines de la Constitución y la ley orgánica de municipalidades. El Poder Ejecutivo tuvo una actitud de prudencia en todo momento y llamó a elecciones luego de una prolongada situación de ilegalidad, a la espera de que fuera el mismo Concejo Municipal de Granadero Baigorria quien encausara la situación, cosa que no hizo".

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