El Ministerio de Educación de la provincia sumó ayer su voz en defensa del reglamento de concursos docentes acordado el año pasado en paritarias, un sistema que 42 maestros particulares impugnaron al presentar recursos de amparo en Tribunales. "Este régimen da previsibilidad a la carrera, fue homologado por la cartera de Trabajo santafesina y, por lo tanto, tiene fuerza de ley. Sería muy desagradable que la Justicia se pronuncie en contra, porque tenemos argumentos de peso para defenderlo", dijo Leonardo Panozzo, director provincial de Bienestar Docente.
El funcionario se expresó de ese modo tras una manifestación que docentes agrupados en Amsafé realizaron ayer en Tribunales para pronunciarse en contra de los amparos. "Después de una pelea de veinte años para obtener el sistema de concursos se intenta perjudicar a maestros que llevan mucho tiempo haciendo reemplazos y que podrían quedarse sin trabajo", planteó Sonia Alesso, secretaria general del gremio.
Los recursos fueron presentados en 2012 y la semana pasada un juzgado de primera instancia los rechazó. Pero los amparistas apelaron y obtuvieron habilitación para que los expedientes sean revisados por la Cámara Civil en plena feria judicial. Frente al temor de una resolución desfavorable, los maestros públicos salieron a defender el sistema de concursos para el sector, que fue acordado entre el gremio y el gobierno provincial en febrero de 2012.
El reglamento equipara la antigüedad por suplencias a docentes de escuelas públicas y privadas, pero otorga un plus que prácticamente duplica el cómputo en los que acrediten desempeño en la administración oficial. Este es el punto que cuestionan los amparistas, que alegan "discriminación" y pidieron la inconstitucionalidad de ese artículo.
Sin embargo, según Panozzo, ese plus fue incorporado al régimen para saldar una histórica asimetría: "Tenemos todos los argumentos para decir que no es lo mismo la antigüedad en el sector público que en el privado. En el primer caso, los maestros obtienen antigüedad en base a su ubicación en el escalafón, que les permite acceder a suplencias de manera azarosa, a medida que se generan vacantes. En cambio, en las escuelas privadas no hay escalafón, se accede por conocimiento personal y no hay concursos para titularizar".
Esto, destacó, pone a los docentes públicos en una situación más desventajosa, algo que el reglamento ahora impugnado intenta remediar. "No hay ningún problema con que los privados quieran ser parte del sector público", dijo, aunque aclaró que son entre 22 mil y 25 mil maestros los que concursan para una cantidad acotada de vacantes. "Si la Justicia les da la razón a estos planteos, muchos docentes serían perjudicados y quedarían por debajo en el orden de mérito", enfatizó, reiterando argumentos que la Fiscalía de Estado ya volcó a la causa.
En tanto, Martín Lucero, titular del Sindicato de Docentes Privados (Sadop), dijo que el gremio no respaldó las presentaciones judiciales y las atribuyó a "un reclamo acotado de un sector".
"El amparo sólo atiende el interés individual. Como entidad sindical, velamos por el interés colectivo. Entendemos que el establecimiento de escalafones internos y un sistema de mérito para las escuelas privadas solucionarán el problema de ingreso", señaló.
