El gobernador Miguel Lifschitz anunció ayer una inversión de 100 millones de pesos para financiar la compra de nuevas unidades y promover ómnibus eléctricos en el sistema del transporte urbano de pasajeros (TUP). Esta erogación, sumada a la decisión del gobierno nacional de elevar un 37 por ciento el monto de los subsidios para cubrir el incremento salarial de los choferes y del gasoil, le otorga más oxígeno al sistema y lima diferencias que podrían sellar la aprobación de un aumento de la tarifa del boleto entre los 8 y 8,50 pesos. Las negociaciones entre oficialismo y oposición se aceleraron en las últimas horas, pero era muy difícil que pudiera aprobarse hoy, junto con el 30 por ciento de incremento en la tarifa de taxis.
Lifschitz anunció que el aporte del Estado provincial serán 30 millones de pesos para promover el sistema eléctrico en la ciudad (trolebuses) y 70 millones de pesos para la financiación de la tasa, en cinco puntos porcentuales, para la compra de equipos, que se eleva a diez puntos porcentuales si la adquisición de las unidades se realiza a carroceras radicadas en la provincia.
"En la ciudad hay 800 colectivos que tienen una vida útil de diez años, por eso creemos necesaria la renovación de 80 unidades por año como mínimo", puntualizó Lifschitz en el salón Carrasco de la Municipalidad, acompañado por la intendenta Mónica Fein, concejales del Frente Progresista y funcionarios del gobierno local.
Al término de la presentación, Fein se mostró confiada en que, con el incremento de los aportes de Nación y provincia, "los concejales puedan llegar a un acuerdo para lograr una tarifa cercana a lo que se discute hoy, entre 8 y 8,50 pesos".
"El sistema de transporte necesita una tarifa de 9,45 pesos para tener buena frecuencia, calidad y cambiar coches. En las empresas La Mixta y Semtur tenemos que renovar más de 50 unidades para cumplir con lo que exige la ordenanza. Hay que buscar una salida. Un boleto cercano a los 8,50 pesos es un valor posible. Habrá que ver qué aporta el Fondo Compensador para que el bolsillo del usuario no reciba todo el impacto", reiteró, y agregó: "Tenemos expectativa de que entre esta semana y la que viene haya una reunión en el Concejo que evite cualquier incertidumbre en el financiamiento del sistema, porque las empresas comienzan a abonar la semana próxima el incremento salarial".
Desde la oposición reclamaban que el Estado provincial sume más recursos para la financiación del sistema. Tras el anuncio, el titular del bloque del PRO, Alejandro Roselló, señaló como "positivo" el "gesto político" del gobernador.
Pero el edil macrista evitó adelantar la posición que tendrán los concejales del bloque de Cambiemos, que evaluaron el impacto del anuncio durante una reunión que sostuvieron por la tarde.
Parte del todo. Uno de los puntos que seguía ayer en debate era si se avanzaba o no con la unificación de las dos empresas estatales de transporte público de pasajeros (La Mixta y Semtur). Desde el PRO se plantea que con esa unificación se optimizarían recursos, ya que redundaría en la reducción de cargos gerenciales y administrativos.
Lo que no prosperó en las negociaciones entre oficialismo y oposición fue la propuesta de recaudar fondos mediante la utilización de las videocámaras en las infracciones de tránsito. Una idea que el municipio reflotó a comienzos de mes pero una vez más no tuvo quórum.
La concejala socialista, Verónica Irízar, se mostró confiada ayer en que finalmente se alcanzará un acuerdo para elevar la tarifa de colectivos. Se verá si alcanza para que hoy sea aprobada en el recinto o pasa para la próxima sesión.
En paralelo, hoy estará en Buenos Aires una comitiva de la Secretaría de la Movilidad, encabezada por Mónica Alvarado, para empezar a dar los pasos hacia la homologación de la tarjeta Movi con la Sube, que habilitará a los usuarios locales a acceder a los mismos beneficios que brinda Nación para varios sectores sociales vulnerables.
Al ser consultado por LaCapital, el ministro de Transporte nacional, Guillermo Dietrich, explicó que está previsto tener integrados los sistemas del país en un plazo de 18 meses.
