El paro de choferes de ómnibus de larga distancia afectó a los viajeros de todos el país, y la salida al conflicto enfrentó al gobierno con las empresas, mientras que el gremio se ganó la repulsa de los más perjudicados por la medida de fuerza, los pasajeros.

La Cámara Empresaria de Larga Distancia (Celadi) advirtió que con el acuerdo alcanzado ayer con la UTA a instancias del Ministerio de Trabajo "se han generado obligaciones desproporcionadas e inviables que imposibilitan a futuro el cumplimiento de pagos salariales y previsionales".

La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) anunció que "multará" a las compañías de micros, lo que fue rechazado "categóricamente" por empresarios.

El acta difundida por la cartera laboral consignó el entendimiento para el pago de "700 pesos correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2012 y los 1.000 pesos correspondientes a los meses de abril, mayo y junio, serán remunerativos".

El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, cuestionó al gremio al expresar que "no se puede decidir a las diez de la noche que a partir de ese momento se suspenden los colectivos, esto hay que trabajarlo de otra manera".

El ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, calificó el paro como "una verdadera vergüenza" porque "toma de rehenes a miles de argentinos".

"No se justifica la posición de los empresarios como así tampoco de los dirigentes sindicales", afirmó el funcionario, y sostuvo que se aplicará "la mayor multa" a las compañías de transporte de larga distancia.