El nombre es largo, y complejo, “Régimen de presupuestos mínimos para la preservación de
los glaciares y del ambiente periglaciar”, y para su mejor comprensión, se condensa en tres
palabras: “Ley de glaciares” que insinúa convertirse en la puerta de ingreso a una
discusión que excede las bellísimas áreas de hielo para abrir otros debates, tan largos y complejos
como inevitables, ¿qué tipo de intervención extractiva, productiva, debe darse la Argentina sobre
sus recursos naturales?
Pero además, ¿existe corrupción en el vínculo entre las empresas
mineras, la Secretaría de Minería de la Nación y las distintas administraciones provinciales?
“Lo que estamos discutiendo no es una a cuestión paisajística o
menor, sino una concepción férreamente ecologista frente a una posición desarrollista. Ahora vamos
a ver de qué lado está la patria y de qué lado está la colonia”, desafió el diputado Miguel
Bonasso en la sesión del último miércoles en Diputados.
El tema tomó gran visibilidad cuando la presidenta Cristina Fernández
vetó en 2008 la ley de glaciares conocida como ley Bonasso, quien volvió a la carga con su
proyecto, en este caso con un precario acuerdo con el kirchnerismo que quedó al borde la ruptura en
la última sesión.
Pero la novedad es que Cristina hizo saber que esta vez “no vetará
la nueva ley sea cual fuere su contenido”.
Impulsada por aquellas provincias —San Juan y Catamarca, las
principales—, el avance de la inversión y explotación minera a gran escala continúa con
viento a favor, y cuenta con el explícito aval de la cúpula kirchnerista. Por si quedaba alguna
duda, basta con ver la foto que le concedió Cristina Fernández al presidente de la Barrick Gold, en
su reciente viaje a Canadá.
Por su parte, Héctor Tomas, sanjuanino, oficialista y presidente de la
comisión de minería en Diputados, le contestó a Bonasso con una pregunta : “¿Cómo quieren que
desarrollemos nuestra provincia si el 80 por ciento son montañas?. Nosotros no podemos cultivar
soja. Queremos proteger nuestros glaciares pero también queremos nuestra producción de la
provincia”.
La remozada ley de glaciares surgió de una convergencia de su proyecto
original con otro que proviene del Senado y cuenta con media sanción, impulsada por el oficialista
Daniel Filmus.
Luego de negociaciones, ambos proyectos se complementaron y mejoraron
mutuamente, pero horas antes de llegar al recinto los diputados oficialistas —y no
oficialistas— de las provincias mineras le retiraron el apoyo “y pidieron más tiempo
para estudiarlo”.
Agustín Rossi fue el encargado de pedir 14 días pero la oposición
olfateó una maniobra, no le concedió las dos semanas y avanzó con la media sanción en general. Sin
embargo, la media sanción de todos modos no se concretó porque en plena madrugada, y en la votación
en particular, la alianza opositora sufrió desgajamientos, y sin el aval oficial, se quedó sin
quórum. La sesión cayó.
La concepción ecologista dispara contra la minería a cielo abierto por
el impacto ambiental que provoca, en especial por lo millones de litros de agua dulce que
diariamente utiliza en los procesos productivos. Sin embargo, representantes de la provincia, como
el diputado Juan Carlos Gioja, contesta: “En muchos lugares de San Juan llueven 100
milímetros por año, ¿alguien puede creer que si fuera cierto que nos están envenenando el agua en
esa escala los sanjuaninos lo permitiríamos?, no somos una sociedad suicida”.
Rossi se quejó de la posición excesivamente preservacionista cuando
dijo: “Es muy fácil decirle no a la minería a cielo abierto que utiliza cianuro, pero debe
ser muy difícil prohibir, por ejemplo, la fumigación de los campos de soja por vía aérea. Digo esto
porque todos los problemas de contaminación que tenemos en la Pampa Húmeda como consecuencia del
uso de insecticidas y herbicidas no los hemos vistos reflejados en ninguna iniciativa
parlamentaria”.
Varios se enojaron y el recinto se llenó de gritos. Luego, Rossi amplió:
“Quiero decir que nos acordamos de lo que sucede con nuestros recursos naturales cuando el
tema involucra a las provincias de menor desarrollo. ¿A quién no le gustaría que en la provincia de
San Juan se instalara una industria automotriz en lugar de una minera, como las que funcionan en
las provincias de Córdoba y de Santa Fe? Pero lo cierto es que San Juan no tiene ninguna industria
automotriz; tampoco tiene soja”, concluyó.
