Entidades ambientalistas de todo el país rechazaron la ley promulgada por San Luis que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el parque nacional Sierra de las Quijadas.
  Agrupadas en el Comité Argentino de la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN), 12 organizaciones cuestionaron la decisión política y alertaron sobre la superposición jurídica de una ley provincial sobre una ley nacional.
  Sostienen que “la disolución del parque sentaría un grave precedente para la protección de áreas prioritarias de diversidad biológica y cultural”.

Patrimonio de todos. “El parque nacional Sierra de las Quijadas —aclararon—, creado por ley nacional 24.015, es patrimonio de todos los argentinos y protege 150 mil hectáreas de la ecorregión del Monte, un ecosistema único de nuestro país”.
  “El principal sustento legal a favor de Parques Nacionales es que la provincia no puede expropiar algo que es nacional, y la ley provincial recientemente promulgada es violatoria de la jerarquía normativa dispuesta por el artículo 31 de la Constitución nacional, en tanto el parque ha sido creado por la vigente ley nacional (24.015/91)”.
  Advirtieron que “la ecorregión del Monte se encuentra escasamente protegida en la Argentina (sólo un 4,17 por ciento de su superficie), lejos del 10 por ciento propuesto por el Convenio de Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica; la desafectación del Parque Nacional Sierra de las Quijadas disminuye aún más ese porcentaje”.
  “La provincia de San Luis —recordaron— cedió en 1991 la jurisdicción a la Nación de las tierras que componen el parque nacional, en beneficio de toda la sociedad Argentina, incluyendo a los pueblos originarios”.
  Aclararon que “los intereses y derechos de los pueblos huarpes deben ser efectivamente reconocidos y debería existir a nivel nacional y provincial, una política que apunte a ello conforme lo establecen la Constitución nacional, los convenios internacionales y la ley 26.160”.
  Finalmente, recordaron que “existen antecedentes en diferentes provincias del país, donde la restitución de tierras a comunidades de pueblos originarios se ha hecho de forma ordenada y sin afectar a las áreas protegidas como los casos de Salta y del Chaco”.