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La política del estallido se generaliza

La rebelión policial en varias provincias y los saqueos que se articularon en Córdoba terminaron por nacionalizar una problemática que algún discurso político se empecinaba en reducir a un fenómeno distrital.

Domingo 08 de Diciembre de 2013

La rebelión policial en varias provincias y los saqueos que se articularon en Córdoba terminaron por nacionalizar una problemática que algún discurso político se empecinaba en reducir a un fenómeno distrital.

Por supuesto que el factor local existe, y mucho. Pero interpela a todo los niveles del Estado. Las cuentas pendientes de 30 años de democracia: las económicas, las sociales, las judiciales y las que tiene que ver con el gobierno de las fuerzas de seguridad, construyen una bomba de tiempo que, mala costumbre, parece programada para detonar cada diciembre.

La violencia urbana, como expresión de un entramado complejo de relaciones sociales, económicas y delictivas, desafía las convenciones de la política en todos sus niveles. Construir un relato que permita abordar con una estrategia común esta agenda es la gran tarea pendiente, sin que esto signifique eludir los factores locales que en distintos grado y calidad intervienen para que estos desafíos al Estado moderno se potencien. Desde la semana que pasó, ya no habrá segmento de decisión política que pueda autoexcluirse de la tarea de resolver este conflicto.

De hecho, el caso cordobés, con las particularidades que adquiere el alto perfil opositor de José Manuel de la Sota, su ubicación en el mundo de la clase política más tradicional de la provincia mediterránea y en el mapa de disputas dentro del peronismo, propinó el primer derrape del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich.

La falta de reacción del gobierno nacional frente al caos cordobés no puede ser disfrazada con ningún discurso crítico hacia los gobiernos provinciales, por más razones que se puedan esgrimir. El gobernador chaqueño, que va por la Presidencia a partir de la reconstrucción de las relaciones con jefes territoriales y sectoriales, quedó esclavizado por el utillaje político de la pantalla pasada, que ya se mostró ineficaz en el tratamiento del caso de la expansión de la criminalidad en Santa Fe.

Cabe ver, no obstante, que en los gestos, la reunión con Bonfatti parece haber resultado en un cambio importante de actitud y de relación. Y ni qué hablar de la provincia de Buenos Aires, el gran castillo del gobierno nacional, donde rápidamente se armó un comité de coordinación para evitar que el fantasma de los saqueos, que ya asoló a los distritos opositores, termine por merodear en las cercanías de palacio.

Estructuras. La autonomía policial, la crisis de seguridad y los problemas salariales, incluso la desigualdad de ingresos entre las estructuras del empleo público, son temas de arrastre en estos años de democracia. Los Estados provinciales atravesaron en tres décadas períodos de crisis y un tremendo ajuste y proceso de reforma en los 90. Pero que no tocaron la estructura de seguridad y administración de justicia.

El crecimiento económico de estos años, la marginalidad y la alta rentabilidad de economías delictivas como las asociadas al narcotráfico, fueron las que transformaron para mal estas viejas estructuras. Y las convirtieron en un nuevo fenómeno que, a medida que avanza, se complejiza y se sofistica. La organización territorial y la imbricación con las instituciones de la economía formal son etapas que se abren a una superior: la construcción de una representatividad política propia. Las dificultades del Estado para recuperar territorios perdidos a manos de las bandas, la secuencia de los saqueos cordobeses (descabezamiento de la cúpula policial por negocios con los narcos, insurrección salarial de las bases y saqueos), denota articulaciones importantes a la hora de convertir el caos en arma para producir efectos políticos.

El desafío primero en ese sentido parece ser cómo se para la clase política que no está directamente involucrada en ese fenómeno, frente al mismo. Si se mostrará permeable o no a las tentaciones y amenazas de ese actor o tejerá acuerdos urgentes, audaces y con una necesaria vocación de eficiencia, para evitar que en un futuro cercano las autoridades representativas se terminen eligiendo bajo las condiciones impuestas por este tipo de violencia.

Economía. No menos que una política de seguridad, involucra este desafío una política económica. Una estrategia que asegure recursos para resolver cuestiones básicas de infraestructura, supervivencia y convivencia, lo que incluye aumentar y segmentar impuestos, y diferenciar la ponderación de las demandas a atender. Separando las que surgen de exageradas expectativas de rentabilidad, de las que implican un fortalecimiento de actores sociales y económicos capaces de afirmar una estructura de vida democrática: los trabajadores.

La agenda legislativa provincial, en la que se discuten fondos de subsidio para los legisladores, aumentos de impuestos y canales de televisión, cajoneó en cambio el debate sobre el descanso dominical de los empleados mercantiles. Es una exposición de las prioridades que se manejan en el sistema político. Para muchos representantes es más fácil asumir el costo público de mantener atávicos privilegios, que defraudar las expectativas de pequeños pero poderosos lobbies privados.

Frente a la crisis de convivencia que golpea a los centros urbanos en los últimos tiempos, las formas de abordaje son múltiples. Pero la calidad del empleo y el salario, como ejes de una forma de vida que implica mucho más que el ingreso, también tienen lo suyo para aportar. Pero deben entrar en la agenda oficial. Diciembre es un mes de conflictos, pero también es un mes en el que se anticipan las señales de la negociación paritaria del año que viene.

Paritarias. Las primeras aproximaciones indican reclamos por encima del 27 por ciento, frente a una inflación que se acelera y a una política económica que se tienta con reemplazar el ancla cambiaria por el ancla salarial. En el marco de esa puja se fogonea un nuevo acuerdo de precios y una concertación con empresarios y gremios. Un ámbito interesante para que comience a atarse, también, la problemática de la seguridad y de la criminalidad organizada con las políticas económicas.

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