La plaza Sarmiento será esta tarde, a partir de las 14, el punto de partida de la Marcha Mundial de la Marihuana, un evento que se realiza en forma simultánea en distintas ciudades del mundo para exigir un cambio en las políticas relacionadas con las drogas. Pero también “es la oportunidad de abordar cuestiones concretas sobre lo que está pasando hoy en Rosario”, sostiene Silvia Inchaurraga, directora del Centro de Estudios Avanzados en Drogadependencias y Sida (Ceads/UNR). Y de acuerdo a ese principio, al reclamo de una nueva ley de drogas que despenalice la tenencia para consumo personal suma la necesidad de fortalecer los dispositivos para abordar la problemática de las adicciones.
“El sistema de salud debe llegar a los barrios con información sobre las drogas, con consejerías concretas en función de las sustancias que se consumen y propuestas específicas relacionadas con derechos, porque hoy más que nunca el usuario de drogas requiere presencia, contención y cuidado”, advierte.
El Ceads fue una de las primeras organizaciones en convocar a la movilización que, en distintas ciudades del mundo, se realiza todos los primeros sábados de mayo. Inchaurraga es psicóloga, docente de la Universidad Nacional de Rosario y fundadora de la Asociación de Reducción de Daños de la Argentina (Arda). Desde hace años, la organización sostiene que “la ley de drogas hace más daño que las drogas” ya que, entre otras cosas, fracasó en desalentar el consumo de sustancias prohibidas, castiga a los consumidores y no fue eficaz para perseguir a las organizaciones que sostienen el negocio; pero sobre todo aleja a los usuarios del sistema de salud.
La movilización de esta tarde levantará varias consignas: la regulación de la marihuana, el fin de las detenciones a cultivadores y usuarios de cannabis y la inversión en investigación sobre sus usos terapéuticos. Pero también se insistirá con la necesidad de contar con una nueva ley de drogas “más efectiva, más justa y más humana”.
—¿Por qué es necesario seguir enfatizando en esta consigna?
—Porque consideramos que es necesario modificar la ley de drogas en general y no exclusivamente la ley de marihuana. Si bien consideramos que la marihuana tiene una particularidad diversa a la de otras drogas, seguimos pensando que el principal déficit es la ley que sigue dejando al usuario de drogas como el eslabón más débil de toda la cadena del narcotráfico, sobre todo en los tiempos actuales, con la contemporaneidad que tiene el avance del narcotráfico en los sectores de mayor vulnerabilidad social. La marcha tiene que abordar reclamos y cuestiones concretas de lo que está pasando hoy en la ciudad. Estamos muy lejos de la regulación, pero nuestros legisladores nacionales sí podrían impulsar una nueva legislación y nuestros diputados y senadores de la provincia podrían tratar y aprobar un presupuesto para contar con los recursos asistenciales que necesitamos. Son cosas que pueden estar al alcance de lo que podemos pedir en la provincia de Santa Fe y en Rosario.
—¿Como si esa realidad hiciera plantear otras prioridades?
—Me parece que es el momento de dejar de cargar las tintas sobre los más vulnerables y poner los recursos del Estado en la persecución del negocio de los narcotraficantes. Donde indudablemente hay que involucrar otros temas como es la presencia del Estado en el territorio, porque el usuario de todas las drogas requiere hoy más que nunca de la presencia, la contención y del cuidado del Estado. Porque los chicos quedan metidos en el circuito para financiar su consumo, para autoabastecerse. Y si bien eso se sigue dando, actualmente es más frecuente el pibe que ingresa a ese circuito porque necesita un lugar en el mundo, lo que habla de la falta de presencia del Estado con un proyecto social.
—Y esos pibes son los que después generalmente terminan con causas abiertas en la Justicia. El fallo Arriola, que reconoce la inconstitucionalidad del castigo por tenencia de droga para consumo personal, va a cumplir seis años. ¿Cambió esta sentencia la aplicación de la ley?
—La intervención de la policía no se ha modificado porque la ley sigue siendo la misma y ningún fallo modifica una ley. Por eso seguimos pidiendo una ley que ponga las cosas donde las tiene que poner. Las problemáticas de las drogas, de las adicciones, tienen que tener un lugar en la agenda de salud pública y los usuarios tienen que tener información, contención y cuidado del Estado.
—¿Una función que actualmente el Estado no cumple o cumple a medias?
—Hay muchas dificultades en relación a la oferta asistencial. No todos los consumidores demandan asistencia o no se encuentran los canales para ofrecerles asistencia. Y cuando una persona pide asistencia, los dispositivos no son suficientes. Y las alternativas terminan siendo derivar a una ONG o a comunidades terapéuticas, donde los chicos no quieren ir. Si queremos mirar la mitad del vaso lleno siguen faltando algunas cosas fundamentales para poder abordar adecuadamente esta problemática.
—¿Por ejemplo?
—Una mayor presencia del Estado con programas concretos de reducción de daños, porque no se trata sólo de ofrecer alternativas ocupacionales que, además, terminan no siendo atractivas. El Estado debe tener presencia en los barrios con información sobre las drogas, con consejerías concretas en función de las drogas que las personas están consumiendo y con programas que le permitan abordar también sus derechos. Hasta que no se fortalezca la red pública existente, desde esta perspectiva seguimos para atrás; más allá de la intervención que se intenta con planes para la inserción laboral, hay que hacer una intervención específica en relación al consumo de esas personas.
