Es el tema más recurrente de la actualidad. La prensa escrita, radial y televisiva informan diariamente de las muertes por asaltos, robos en domicilios, entraderas, escruches y arrebatos en la vía pública. Nadie está inmune a este flagelo. Todos conocen a alguien que ha sido víctima de la violencia diaria y, muchas veces, hemos sido nosotros los damnificados. No hay estadísticas oficiales confiables por la falta de denuncias, generadas por el descreimiento imperante en la sociedad. El concepto de que nada va suceder está muy acendrado en la población. ¿Qué puede hacer el ciudadano común ante esta candente realidad, más que sentirse desvalido? ¿Alcanzan las movilizaciones, marchas, denuncias periodísticas y la difusión mediante volantes y otros escritos sobre los distintos hechos de inseguridad? Por supuesto que sirven y son útiles; aunque sea sólo para incomodar a los funcionarios involucrados en el área correspondiente e interpelar a la política toda. La principal responsabilidad reside en las autoridades en ejercicio de las funciones públicas, ya sean del ámbito nacional, provincial y municipal, que comprende las áreas correspondientes al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Si no hay una decisión de generar una real política de Estado destinada a prevenir y atacar las causas que generan la violencia cotidiana, la participación ciudadana podrá colaborar pero no resolverá este desamparo social que se va incrementado día a día. Es bueno convocar a expertos nacionales y extranjeros para contar con su asesoramiento. Es una verdad de Perogrullo, que la cuestión técnica de actualizar los medios y la formación de la policía y otras fuerzas de seguridad son fundamentales, pero siempre y cuando vayan sustentadas por una inequívoca decisión política de atacar este acuciante problema desde su raíz.

Alejo Vercesi