Tiene una sola acepción: "asesino asalariado". La presidenta públicamente denunció la existencia de sicarios ¿mediáticos? y secuaces judiciales. De ser real tal imputación debería radicar una denuncia en la Justicia, con pruebas y no palabras, dando nombres de sicarios y secuaces; quiénes les pagan los salarios y quiénes fueron los asesinados. De no ser así, podría ser encuadrada como encubridora pasible de una imputación judicial. De originarse sus dichos en trastornos de la percepción del contenido de los propios pensamientos, o como autodefensa inconsciente por presuntos dolos en el ejercicio de la función pública, la Justicia deberá definir si cabe considerarla como inimputable.

Emilio Zuccalá
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