La dirección de Transporte de la Municipalidad de Rosario denunció la existencia
de 33 remiserías ilegales que operan principalmente en la zonas norte y sur de la ciudad. La
presentación se hizo ante las autoridades policiales de la Unidad Regional II, que ya trabajan en
la identificación de los domicilios donde tienen su base de operaciones las empresas truchas.
Además, se corrió vista la Justicia de Faltas. Advierten sobre el riesgo que significa para los
usuarios utilizar esos autos como medio de transporte, ya que no tienen seguro ni revisión técnica,
sus conductores no poseen carné habilitante y en muchos casos hasta cargan con antecedentes
penales.
El relevamiento hecho por la Dirección de Fiscalización de
Transporte aporta teléfonos, nombres de fantasía, algunas de las direcciones donde funcionarían las
bases de las tres decenas de remiserías sin permiso administrativo, cuya actividad principalmente
es desplegada en la zonas norte y sur, y en menor medida en el distrito oeste.
Todos los datos se volcaron en la presentación que hizo el
martes pasado el propio titular de Transporte, Mariano Savia, en el marco de una reunión con el
jefe de la Unidad Regional II, Daniel Toledo, y el jefe de la Unidad Cuerpos, Jorge Luis Martínez ,
donde se abordó además el tema de los corredores seguros para los servicios públicos de transporte
(ver aparte).
Antecedente. En julio de 2008, el municipio ya había detectado y denunciado ante
el juzgado de Faltas Nº 1, a cargo de Osvaldo Alzugaray, a cincuenta remiserías ilegales.
En esa oportunidad, la información entregada a la Justicia
tenía el respaldo del trabajo hecho por unos 15 agentes de fiscalización, que descubrieron reductos
clandestinos en toda la ciudad.
Esta nueva presentación, que ahora quedó en manos de la
jueza de Faltas Nº 2, Liliana
Puccio, reflota la situación. Aunque se redujo el número remiserías apuntadas como truchas,
la actividad no cesó.
"Es una problemática compleja que fomenta la competencia
desleal con los otros actores del sistema de transporte que trabajan en regla", resumió Savia.
La denuncia hace hincapié en la obvia ilegalidad y en el riesgo para las
personas transportadas los autos irregulares. Por lo general, carecen de cobertura de seguros
—dejan desamparados a los pasajeros ante un eventual accidente—, de controles técnicos
y de documentación, mientras que sus choferes no están habilitados para manjar vehículos
públicos.
Al evadir los controles —como la ficha prontuarial
que exige la Dirección de Transporte—, es frecuente que al frente de los remises truchos haya
personas con antecedentes penales.
Barato. Las denuncias y las investigaciones hablan de maltrato a los pasajeros,
sobre todo a mujeres con "sugerencias indecentes". Al abordar el servicio, se exige una suma fija,
pero luego se cobran, bajo presión y amenazas sumas discrecionales en base al recorrido.
"Es común escuchar que lo trucho es más barato, pero es un
falsa creencia. Puede salir muy caro abordar una unidad de estas características", advirtió Savia,
para quien "la remisería ilegal es un problema que debe encararse como parte de la política
criminal". Y abogó para que "una futura reforma del Código Penal considere este accionar como un
delito".
Los departamentos Seguridad Personal, Judiciales, Cuerpos y
Automotores de la policía ya trabajan en la investigación. En caso de individualizarse a un auto
ilegal, primero se resguardará al pasajero, luego se remitirá el vehículo al corralón municipal y,
finalmente, se iniciarán las actuaciones para que la Justicia tome cartas en el asunto.