Con el debate sobre el avance del narcotráfico instalado en la agenda pública y mientras un cambio de aire sopla en algunos países de América latina que revisan sus políticas de prohibición de drogas, ayer se realizó en Rosario la undécima Marcha Mundial de la Marihuana. La movida, que según los organizadores movilizó a más de 5 mil personas y sumó seis cuadras completas, reclamó la admisión del uso terapéutico del cannabis y la despenalización del cultivo para uso personal. A la vez que, como otra cara de una misma moneda, denunció “el fracaso del paradigma prohibicionista” en el país y el continente.
“La peor situación posible en relación con las drogas es la actual”, planteó el kinesiólogo especializado en el uso medicinal de la marihuana y secretario de la Asociación Rosarina de Estudios Culturales (Arec) Pablo Ascolani, entidad que impulsó la marcha. La concentración fue en la plaza San Martín para llegar hasta el Monumento a la Bandera, donde hubo shows musicales y gran cantidad de asistentes fumaron “porros” al aire libre.
La movilización, que se replicó en otras ciudades del país, llegó en medio de un fuerte debate político sobre la situación del tráfico de sustancias en la provincia, donde el gobernador Antonio Bonfatti se mostró a favor de despenalizar el consumo de drogas blandas.
“En Rosario está clarísimo que se ha agravado el problema. Básicamente tiene que ver con la autonomización de la policía y un manejo deficitario de la fuerza”, planteó Ascolani, que instaló el problema a escala global: “Si se prohiben las drogas es inevitable el narcotráfico, por eso apoyamos el debate por la regulación primero del cannabis y después de otras drogas”.
Según Ascolani “con la persecución es inevitable el daño social en eslabones más débiles del tráfico y la corrupción estatal. Para que el narcotráfico funcione debe haber distintos niveles del Estado involucrados así como sectores de la sociedad civil: empresarios que financian, abogados que defienden y contadores que lavan dinero”, enumeró.
Aunque por jurisprudencia de la Corte Suprema en el país no está castigado el consumo de marihuana, salvo cuando es público, sí se pena su portación, cultivo y distribución. Por eso la marcha reclamó la reforma de la ley de estupefacientes 23.737 para permitir el cultivo controlado en clubes de consumidores.
A la estrategia del combate a las drogas, que directamente considera “una farsa que no funciona”, Ascolani contrapuso los resultados de la descriminalización en países como Holanda o Portugal: “Los países con dispositivos de salud que acompañan a las políticas despenalizadoras tienen menos situaciones de abuso, consumo y tráfico que países prohibicionistas como Francia o Estados Unidos”.
La pregunta inevitable es qué pasaría con los niveles de consumo si se legalizara el cultivo de cannabis. A la inversa de lo que sostienen detractores del proyecto, desde Arec plantearon que no se debería temer un boom de consumo porque no ocurrió así en países que cambiaron de paradigma. “Si la gente puede elegir entre sustancias dañinas como el alcohol o el tabaco, que es la principal causa de muerte por enfermedades evitables, lo racional es que pueda elegir una menos tóxica como la marihuana”, dijo Ascolani, para quien la frontera entre drogas legales e ilegales sólo depende de una distinción de mercado.
La propuesta disparó resistencias que el especialista adjudicó a “sectores ultraconservadores” y a “una larga historia de desinformación sobre esta guerra a las drogas que sólo beneficia a sectores mafiosos”. El debate está instalado y la marcha de ayer volvió a ponerlo una vez más en escena.