El juez federal Norberto Oyarbide envió ayer al fiscal el expediente para que determine si corresponde abrir una investigación por "lavado de dinero" contra el dueño de la droguería San Javier, Néstor Lorenzo, y eventualmente su socio, Sergio Blanco, acusados también de venta de remedios provistos gratuitamente por el Estado y de robo y adulteración de otros remedios, entre ellos algunos destinados a pacientes con cáncer y HIV.

Ambos tienen prohibición de salida del país y están citados a declaración indagatoria por adulteración y falsificación de remedios, en fecha a determinar. Oyarbide informó ayer que hallaron "depósitos increíbles por su volumen" de medicamentos en diversos allanamientos en cooperativas vinculadas con la droguería San Javier.

Esta empresa es presidida por Lorenzo, quien fue detenido la semana última por su presunta vinculación con esta mafia de los medicamentos.

También descubrieron documentos que habrían sido utilizados por el empresario "para canalizar el dinero procedente de las obras sociales a nombre de terceras personas". "Todos estos papeles han generado la necesidad de que yo le dé una nueva intervención al fiscal para investigue por lavado de dinero a Lorenzo", señaló el magistrado. Investigan asimismo a varias obras sociales sindicales —que prestan asistencia médica a sus afiliados— por su presunta participación en esta mafia.

Denuncia a Zanola. La viuda de Damián Ferrón, uno de los asesinados en el triple crimen del partido bonaerense de General Rodríguez, ratificó ayer que su marido conocía al titular de la Asociación Bancaria, Juan José Zanola, el sindicalista involucrado en la investigación de la llamada mafia de los medicamentos, y que su farmacia le vendía remedios a la obra social de ese gremio.

La mujer reiteró que esa obra social era "de la que sacaban más dinero" con las ventas de la farmacia. "La que le daba más rédito era la obra social de los bancarios", enfatizó.