Los remates fueron suspendidos en la provincia por los próximos 180 días hábiles. El trámite aprobado en la Legislatura el jueves, en la última sesión del año, no sólo dará oxígeno a las más de 5.500 viviendas únicas y familiares que se encontraban en riesgo de subasta en toda la provincia, sino sobre todo a las 500 hogares que ya tenían fecha para que se les bajara el martillo. "Es importantísima la medida", reiteró el integrante de la Concejalía Popular, Ariel D' Orazio, quien hizo hincapié en que la medida se extenderá "por lo menos durante los primeros nueve meses de 2016", un lapso en el que buscarán trabajar en la normativa "de fondo, integral y definitiva".
El reclamo de suspender los remates venía siendo planteado por familiares y acompañado por la Concejalía Popular desde hace varios meses. Ya se habían logrado suspender algunas de las subastas, mientras que en otros casos, con menos éxito, hubo familias que perdieron la propiedad.
En ese marco, el pedido llegó a la Legislatura y la Cámara de Diputados de la provincia aprobó definitivamente en la última sesión del año una prórroga de una suspensión de remates ya existente, que contaba con media sanción de los senadores. Así, el freno a las subastas de viviendas únicas, familiares y permanentes quedó vigente por los próximos 180 días hábiles.
"Ese período significa que los remates estarán suspendidos por lo menos hasta septiembre próximo, ya que al tratarse de días hábiles no se cuentan los períodos de feria judicial de los Tribunales provinciales, los fines de semana ni los feriados", detalló D' Orazio.
Salvadas. La medida recayó sobre las más de 5.500 viviendas que se encontraban en riesgo por estar en juicio en toda la provincia, pero sobre todo salvó del martillo a unas 500 que ya estaban con fecha para ser subastadas.
"Ahora estas familias, tanto las 500 como el resto de las miles que se encuentran tramitando el juicios, tienen la tranquilidad de que pueden acogerse a esta normativa", explicó el integrante de la Concejalía, y detalló que "eso significa llevar adelante el procedimiento que establece la ley y que otorga la posibilidad de rediscutir y hacer un recálculo de la deuda reclamada a partir de la presentación de documentación".
Además, D' Orazio hizo hincapié en que en caso de que las partes no lleguen a un acuerdo, "es el juez de la causa el que debe determinar el monto de la deuda, lo que permite limpiarla de intereses usurarios, e incluso el proceso permite que el deudor cuestione la parte de lo reclamado que considera ilegítimo".
La normativa no sólo suspende los remates, sino los procesos judiciales, con lo cual no hay posibilidad de que avancen si no es el marco de la ley aprobada.
Compromiso. Estos meses de 2016 permitirán abrir un tiempo de debate y discusión en la búsqueda de una solución "de fondo, integral y definitiva", marcó D' Orazio, y adelantó que para eso, ya está el compromiso de todos los bloques de la Legislatura, desde el Frente para la Victoria y el Frente Progresista hasta los que llegarán a partir del 10 de diciembre, como Carlos del Frade y Mercedes Meier, del Frente Social y Popular.
La creación de un registro de viviendas en riesgo y los hogares en riesgo de ejecución concreta; la inembargabilidad de las propiedades únicas, familiares y permanentes, tomando como ejemplo las normativas vigentes en provincias como Buenos Aires y Córdoba, y la jurisprudencia de Mendoza; y el establecimiento de un procedimiento en la Justicia especial definitivo que no tenga fecha de caducidad —como viene sucediendo hasta ahora— serán los ejes del trabajo que ahora se darán los legisladores.
La idea es incluso empezar a analizarlos antes del nuevo año legislativo, que se iniciará recién el 1º de mayo próximo.
Piden en el Concejo
que se implemente
la tarjeta Sube
La edila del bloque Iniciativa Popular (IP), Fernanda Gigliani, elevó un pedido para que la Intendencia adapte la tarjeta Movi (ex Sin Contacto) al Sistema Unico de Boleto Electrónico (Sube).
"A través de una resolución de 2014, se dispuso que los municipios cuya demografía supere los 200 mil habitantes y en los que operen empresas de transporte público que son beneficiadas con subsidios al gasoil, deben adaptar sus sistema de cobro de boleto al Sube" explicó la edila.
Beneficios. La concejala destacó los beneficios que implicaría para los usuarios la adaptación a este sistema. "Podrán obtener una tarifa diferencial jubilados y pensionados, personal doméstico, ex combatientes de Malvinas, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y del programa Jefes de FORCED_LINE_BREAKHogar".
Además, la referente de IP comentó que "quienes tengan la Sube podrán acceder a descuentos y beneficios a la hora de adquirir diversos bienes y servicios, como cines, heladerías, gastronomía e indumentaria, entre otras cosas".
A fin de año. Gigliani manifestó que, conforme a las resoluciones del Ministerio del Interior, a partir de diciembre de 2015, los sistemas de transporte público que no se hayan adaptado a la modalidad Sube, perderán los subsidios nacionales y el beneficio diferencial al gasoil. "En ese marco, no entendemos por qué Rosario aún no adecuó su sistema de cobro de boleto electrónico al FORCED_LINE_BREAKSube".
En la misma línea, continuó: "Por esa razón pedimos que se implemente la Sube en Rosario, más aún cuando el director de Transporte de la provincia de Santa Fe, Gustavo Peirano, dijo que ya se están adaptando las unidades de transporte interurbano con nuevos dispositivos para Sube. Y lo que consideramos más importante: no puede ser que por no querer avanzar en dar mayor transparencia a la administración de los fondos públicos del sistema de transporte, se esté privando a muchísimos rosarinos de acceder a numerosos beneficios que les harían una diferencia significativa en sus bolsillos".
