El conflicto de poderes desatado en Venezuela a comienzos de enero, a partir de la asunción de la mayoría opositora en la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral), recrudeció esta semana y amenaza con profundizarse en los próximos días, con la severa crisis económica como eje. La Mesa de la Unidad Democrática (MUD-oposición) basó su ofensiva en un conjunto de proyectos de leyes y declaraciones, además de haber comenzado a debatir públicamente sobre las formas legales de destituir al presidente Nicolás Maduro. Mientras tanto, el chavismo contraatacó a través del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que declaró que "se mantiene irrevocablemente incólume" el decreto de emergencia económica emitido por el mandatario y vetado por el Parlamento en uso de sus facultades constitucionales.
La Asamblea aprobó el jueves en primera discusión un proyecto de ley destinado a devolver al Banco Central de Venezuela (BCV) la autonomía que le confiere la Constitución y que Maduro le quitó por decreto el 30 de diciembre pasado. El texto pasó a comisión y deberá debatirse por segunda vez antes de convertirse en ley. También sancionó una resolución que declaró al país en emergencia alimentaria debido a la "crisis de abastecimiento", tal como dos semanas atrás lo hizo en materia sanitaria a raíz del desabastecimiento de remedios e insumos médicos que fuentes políticas y farmacéuticas estimaron entre 65 y 80 por ciento.
Preocupación. El Parlamento solicitó al gobierno que presente un plan de abastecimiento de alimentos, insumos agrícolas y agroquímicos para garantizar la producción, y subrayó su preocupación por las alrededor de 300 empresas alimentarias estatizadas que, según la mayoría opositora, actualmente no producen. Además, exigió que el Instituto Nacional de Estadística (INE) del BCV vuelva a publicar todos los meses los índices de precios y de escasez, que desde hace más de un año no se divulgan con regularidad ni en forma actualizada, y pidió a la FAO y a la Unicef que envíen equipos a Venezuela para verificar la situación.
Asimismo, admitió para su tratamiento dos proyectos de ley: uno destinado a incentivar la producción a través de un conjunto de medidas que incluyen la recuperación de 1.200 empresas estatizadas y la siembra de cuatro millones de hectáreas improductivas, y el otro, para mejorar los haberes de jubilados y pensionados mediante tickets de compra de alimentos y medicamentos.
Paralelamente, la sala constitucional del TSJ —acusado por la oposición de estar al servicio del chavismo— declaró por unanimidad de sus siete miembros que "se mantiene irrevocablemente incólume" la vigencia del decreto de emergencia económica que Maduro dictó el mes pasado y que la Asamblea vetó por considerar innecesario y por temor a que, en uso de esas atribuciones, el mandatario dispusiera un corralito bancario. Para el TSJ, el control legislativo sobre los estados de excepción "no afecta la legitimidad, validez, vigencia y eficacia jurídica de los mismos", por lo que el decreto dictado por 60 días prorrogables "se mantiene irrevocablemente incólume". La emergencia permite al gobierno disponer de algunos bienes del sector privado para garantizar el abastecimiento de productos básicos, en grave escasez, lo que según la oposición abre las puertas a expropiaciones. También fija límites al ingreso y salida de moneda local en efectivo, algo que sus detractores denuncian como un "corralito" que impediría a los ciudadanos disponer libremente de sus recursos.
Ineficiencia y corrupción. Maduro justifica el decreto en la existencia de una "guerra económica" que provoca desabastecimiento para generar malestar y romper el "hilo constitucional", pero la oposición atribuye la crisis a los excesivos controles, la ineficiencia y la corrupción que a su juicio llevaron al chavismo a dilapidar cientos de miles de millones de dólares durante la bonanza petrolera. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, dijo que el decreto de emergencia "murió" al ser rechazado en la plenaria, pero que el presidente Maduro ahora intenta resucitarlos usando a "su" TSJ, en un intento por anular la Asamblea. "Ahí tienen su muerto resucitado. Vamos a ver si en los próximos días se va a remediar alguna de las calamidades que está sufriendo el pueblo venezolano", agregó Allup.
La decisión de la corte profundiza así un enfrentamiento político que, unido a la caída de los precios del petróleo, complica una crisis manifiesta en escasez de dos tercios de los productos básicos, inflación anualizada de 141,5 por ciento a septiembre de 2015, contracción económica de 4,5 por ciento al tercer trimestre del año pasado y un déficit público que consultoras privadas estiman en 20 por ciento. Al mismo tiempo ahonda la incertidumbre sobre cómo será superada la crisis, pues al quedar maniatada la mayoría parlamentaria, no se avizoran nuevas fórmulas. Varios magistrados del TSJ fueron nombrados a última hora por la anterior mayoría chavista en el Legislativo, por lo que dirigentes opositores creen que difícilmente avalará una enmienda constitucional para acortar de seis a cuatro años el mandato de Maduro, elegido para el período 2013-2019.
Preferencias. Voceros de la oposición hicieron públicas sus preferencias por algunas de las vías legales para destituir a Maduro, después de que Ramos Allup anunciara el mes pasado que la MUD se tomaría seis meses para escoger la "salida constitucional, democrática, pacífica y electoral para la cesación de este gobierno". Allup explicó entonces que, entre las vías legales posibles, la MUD analizaba optar entre el referendo revocatorio, una enmienda constitucional, el llamado a una asamblea constituyente y la renuncia voluntaria de Maduro.
Por otra parte, el conflicto de poderes amenaza profundizarse, pues la Asamblea tiene previsto sumar a la agenda el tratamiento de la escasez de generación de electricidad a raíz del antiguo deterioro de la infraestructura, a lo que se sumó en los últimos meses una gran sequía. Diputados opositores planean interpelar al ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez, quien dispuso que los centros comerciales no utilicen energía de la red de 13 a 15 y de 19 a 21, lo que, según fuentes empresariales, pone en riesgo la estabilidad de 40.000 empleos directos.