Hace ya más de 20 siglos los romanos aportaron al desarrollo de la sociedad el concepto de juez. Cuando Marco Antonio y Julio César tenían un litigio que no podía ser resuelto por negociación directa entre ambos, de común acuerdo buscaban a Plinio —que no era amigo ni pariente, ni tenía negocios ni intereses creados con ninguno de los primeros—. Los litigantes confiaban en la imparcialidad del juez, quien dictaba su sentencia a conciencia y como resultado del análisis de las pruebas aportadas. Hace apenas unas pocas horas, la jueza Burubudubudía (no la nombro por si acaso no se ha levantado la insólita prohibición de nombrarla de la época de Tato), hizo añicos en un solo acto judicial los principios básicos del derecho romano. La susodicha dictó "sentencia" declarando inconstitucional la ley ya aprobada por el Congreso, promulgada por el Poder Ejecutivo y publicada en el Boletín Oficial de la Nación. Es absolutamente irrelevante que esta sentencia haya producido una derrota política para el Ejecutivo. Si hubiese fallado a favor de esos intereses el razonamiento seguiría incólume. El fondo de la cuestión es que el Consejo de la Magistratura está llamado por nuestra Constitución a ser el órgano de control del desempeño de jueces. Que Burubudubudía haya dictado sentencia, cualquiera que esta fuese, la coloca en el lugar de Marco Antonio — o de Julio César, que para el caso es lo mismo—. El juez deja de ser un tercero sin intereses en juego y ocupa el lugar de una parte. Y esto, estimado lector, es ni más ni menos que reírsenos en la cara a todos los que no formamos parte del poder judicial. Propongo que desde ahora en más se lo llame no poder judicial, ya que no puede mantener a los delincuentes comunes y asesinos sentenciados presos, no puede evitar que sus más conspicuos miembros dicten sentencias favorables a corporaciones que previamente les han financiado viajes y estadías dignas de jeques árabes, no puede juzgar a presidentes en ejercicio que a todas luces se han enriquecido más allá de las ganancias que pueden demostrar, no pueden explicar cómo muchos de sus miembros viven en las casas que viven y llevan un tren de vida injustificable por sus salarios, no pueden discernir cuándo apartarse de casos en los que son parte o tienen intereses creados. Me repugna el personalismo con que la actual presidente ejerce el poder —típico por otra parte de todos los gobiernos justicialistas desde Perón a la fecha—. Mi voto no será para los "K" en octubre. Pero al César lo que es del César… En esto de "democratizar" la justicia, los proyectos de ley aprobados por el Congreso se han quedado cortos. La "justicia", así entrecomillado y con minúsculas, seguirá siendo de los abogados, de los jueces —quienes en una connivencia maligna y cuasi mafiosa— les "regulan" honorarios que muy lejos están de justificar el tiempo dispensado a una causa, de los empleados judiciales, quienes insólitamente trabajan mediodía y consideran ese ignominioso privilegio como una conquista social. En fin, seguirá siendo de todos, menos de la inmensa mayoría de la sociedad que nunca estuvo dentro de Tribunales pero es quien sostiene con sus impuestos este mamarracho.

Ariel Igea