La Justicia federal de Río Gallegos devolvió al juez porteño Sebastián Casanello la denuncia por la supuesta existencia de bóvedas en la casa del empresario Lázaro Báez en Santa Cruz.
La Justicia federal de Río Gallegos devolvió al juez porteño Sebastián Casanello la denuncia por la supuesta existencia de bóvedas en la casa del empresario Lázaro Báez en Santa Cruz.
Fuentes judiciales informaron que la decisión de la jueza subrogante de Río Gallegos Ana Alvarez obedeció a una "cuestión formal" y ahora el expediente volverá a quedar en manos del juez de la Capital Federal, quien el miércoles se había declarado incompetente y girado la causa a la provincia. Casanello tendrá que resolver ahora si finalmente conserva la investigación sobre las bóvedas o bien la vuelve a enviar a Santa Cruz, por lo que de trabarse la competencia entre ambos magistrados intervendrá la Cámara Federal para definir.
Alvarez devolvió el expediente un día antes de concluir su subrogancia en el juzgado federal de Río Gallegos, teniendo en cuenta que este viernes asumirá la conjueza Andrea Askenazi, sorteada por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia.
La denuncia es de la diputada Elisa Carrió, quien aseguró que existían bóvedas en la casa de Lázaro Báez en Santa Cruz y aportó fotos y testigos, entre ellos Manuel Sergio Triviño, un empleado de una de las firmas del empresario y quien habría sido contratado para desmantelar las estructuras. De acuerdo a la denuncia, las bóvedas habrían estado instaladas en el mismo sector de la chacra de Báez donde ahora se pueden ver cavas, las que fueron recorridas extensamente en dos oportunidades por periodistas de la provincia de Santa Cruz invitados por el empresario para desmentir las acusaciones.
A raíz de un pedido del fiscal Guillermo Marijuan, Casanello dispuso darles protección a los testigos aportados por Carrió, pero el magistrado entendió que se trataba de un hecho nuevo ajeno a la causa por lavado de dinero y que los denunciados ocurrieron en jurisdicción de Santa Cruz, por lo que la giró a la provincia.
Esa decisión fue inmediatamente apelada por el fiscal ante la Cámara Federal en un escrito en el que le dijo al juez que enviar esa parte de la causa a Río Gallegos "entorpece el curso de la investigación, conspira contra la celeridad que debe regir y frustra la obtención de prueba vital".
Por su parte, la defensa del empresario realizó a su vez una presentación ante el juez Casanello para solicitarle que investigue si existe una "investigación paralela" a la que realiza su juzgado. Los abogados Gabriel Gandolfo y Nicolás Guzmán, defensores de Báez, solicitaron en su escrito que se investigue si el fiscal José Campagnoli lleva a cabo una investigación simultánea, "a espaldas del juez Casanello y del fiscal Marijuan, ya que sería "abiertamente incompetente".
"De comprobarse ese desvío de poder, la actuación del fiscal Campagnoli podría aparejar importantes nulidades, perjudicando de esa manera la investigación que lleva adelante el juez Casanello", evaluaron los letrados.
En otro orden, el juez federal Luis Rodríguez libró las primeras medidas de prueba en la investigación que se originó a partir de los dichos de la ex secretaria del ex presidente Néstor Kirchner, Myriam Quiroga, quien aseguró que bolsos con dinero eran llevados desde la Casa Rosada hacia Santa Cruz.
Fuentes judiciales informaron que el magistrado pidió a Artear (Canal 13 de televisión) la copia en crudo de la entrevista periodística que Quiroga brindó al programa de Jorge Lanata. También pidió copia de una declaración que días atrás brindó Quiroga ante el juez federal Julián Ercolini, a partir de una investigación que data de 2008 por asociación ilícita.
Además, libró oficios a la Jefatura de Gabinete de Ministros para que acompañen los legajos de Quiroga y de Daniel Muñoz, el exsecretario privado de Néstor Kirchner y a quien ella sindicó como la persona que llevaba en avión los bolsos con dinero desde Buenos Aires hacia Santa Cruz. Por lo pronto, el juez no citó como testigo a Quiroga, algo que hará en el futuro.