El Tribunal Oral Federal 2 rechazó ayer el pedido del fiscal Fernando Arrigo para detener al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, quien anteayer fue condenado a una pena única de seis años de prisión.

El Tribunal desestimó el planteo del fiscal de juicio, quien reclamó la detención de Jaime, del empresario Sergio Claudio Cirigliano, ex presidente de TBA, y de Francisco Pafumi. De esta forma, todos seguirán en libertad hasta tanto el fallo quede firme por parte de la Cámara Federal de Casación Penal, tal cual lo dijo este martes en el veredicto el Tribunal Oral.

Respecto al pedido de detención de Jaime, los jueces consideraron que "el señor fiscal general ha enumerado una serie de razones a través de las cuales pretendió fundar un peligro procesal en particular", aunque del mismo se "advierte la fragilidad de tal argumentación".

Asimismo, los magistrados consideraron que los planteos sobre Cirigilano y Pafumi "no fueron fundados en ningún elemento de prueba ni motivados en la conducta procesal de los nombrados a lo largo de la investigación".

Antes de conocerse la decisión del tribunal, Arrigo insistió en que existe la posibilidad de fuga del ex secretario de Transporte.

"Estoy conforme, pero hay que hacer una evaluación de los fundamentos. A Cirigliano la Justicia lo condenó por administración fraudulenta y coincide con el pedido de la fiscalía", indicó el fiscal.

A la vez, Arrigo expresó que solicitó "que se continuara la investigación en relación al ex ministro de Planificación, Julio De Vido, máxime después de que implicados manifestaran su responsabilidad".

Por su parte, el juez federal Sebastián Casanello dio por cerrada ayer la investigación por presunto enriquecimiento ilícito sobre Jaime y su entorno familiar, a la vez que pidió opinión al fiscal sobre si la causa está para ser elevada a juicio oral y público. "Que en relación a las personas cuyo procesamiento se encuentra firme, considero que es posible avanzar hacia la etapa crítica y por ende conveniente consultar al Ministerio Público Fiscal si estima que están dadas las condiciones para acusar", sostuvo el juez. "Entiendo que corresponde dar por culminada esta etapa procesal en relación con los nombrados", dispuso el magistrado en la resolución a la que accedió NA. La decisión del juez comprende a otras 16 personas, entre ellas, el ex asesor de Jaime en la Secretaría de Transporte Manuel Vázquez, su hijo, Julián; y la pareja del ex funcionario Silvia Reyss, entre otros. La lista se completa con el hermano del ex secretario, Eduardo Jaime, las hijas de su actual pareja Lorena y Agustina Jayo; así como con Alfredo Pielach y Lisandro López, quienes integran el entramado de negocios de Néstor Otero, concesionario de la Terminal de Retiro (Teba). En su fallo, Casanello le pidió al fiscal Carlos Rívolo que dictamine si corresponde que vayan a juicio los sindicados testaferros de Jaime. En el marco de la investigación resta definir la situación de Julieta Jaime, hija del ex funcionario, quien cuenta con falta de mérito dictada por la Cámara Federal y sobre quien el fiscal reclama sea procesada. Según supo NA, Rívolo ordenó medidas de prueba sobre la hija del ex funcionario para poder finalizar la etapa de investigación de todos los acusados y avanzar hacia el juicio.

El fiscal pidió que se intime a Julieta Jaime para que explique los sueldos percibidos en presuntos trabajos realizados en Córdoba y también que justifique la supuesta propiedad de una moto de agua. Según el informe pericial realizado por el contador Héctor Roccatagliata, Jaime no pudo justificar un incremento patrimonial de seis millones de pesos durante su gestión, que fue desde 2003 a 2009. También se lo investiga como presunto propietario de un yate de un millón de dólares y un avión valuado en cuatro millones de dólares.

Respecto a la embarcación que se le atribuye a Jaime, el juez Casanello viene insistiendo ante las autoridades uruguayas, puesto que el mismo está varado en las playas de Piriápolis, para que sea repatriado a la Argentina ante eventuales embargos que él vaya a disponer en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

Jaime sumó su tercera condena: había sido penado a seis meses de prisión por sustracción de prueba en un allanamiento y luego por dádivas, a raíz de que empresarios que debía controlar pagaban el alquiler de departamentos donde vivió y vuelos gratuitos que realizó.

Ricardo Barreda volvió a salir en libertad condicional

La Sala I de la Cámara Penal platense volvió a concederle ayer la libertad condicional al odontólogo bonaerense Ricardo Barreda, condenado por el crimen de su suegra, su esposa y sus dos hijas, ocurrido en la ciudad de La Plata, en 1992.

Barreda estaba cumpliendo su condena en Unidad Penal 25 de Olmos, luego de que la Justicia le negara, a fines de 2014, mantener el arresto domiciliario en el departamento del barrio porteño de Belgrano junto a su pareja de entonces, Berta André, quien falleció en julio pasado.

Luego, el odontólogo intentó sin suerte mudarse con una vecina de Olmos que se ofreció a alojarlo, mientras que la Justicia le propuso derivarlo al penal de régimen abierto de Gorina, opción que él mismo rechazó.

El abogado de Barreda, Eduardo Gutiérrez, explicó que su cliente "estaba alojado en la unidad de Olmos con un régimen semiabierto", pero aclaró que "no tenía salidas" de la cárcel.

"Ahora va a tratar de disfrutar de su libertad (condicional)", indicó el letrado.

En referencia al lugar donde va a residir Barreda, el abogado sólo dijo que "va a vivir en la provincia de Buenos Aires". "Por el asedio periodístico no puedo dar a conocer el domicilio donde residirá", se disculpó. Según trascendió, el odontólogo vivirá solo en una vivienda ubicada en el partido bonaerense de Tigre. Una de las condiciones para otorgarle la libertad condicional a Barreda fue que consiguiera un domicilio donde cumplir el resto de su pena.

En 1995, Barreda fue condenado a prisión perpetua por haber matado a escopetazos en su casa de la ciudad de La Plata a su esposa Gladys McDonald, de 57 años; a su suegra, Elena Arreche, de 86; y a sus dos hijas Cecilia, de 26, y Adriana, de 24, en noviembre de 1992. En 2011 fue liberado y durante casi tres años convivió junto a Berta "Pochi" André en una casa de la calle Moldes, en el barrio porteño de Belgrano. En la casa de Pochi, Barreda vivió hasta la separación de la pareja, y en 2014 volvió al penal de Olmos.