La Justicia ordenó cerrar un pabellón del Irar por falencias para alojar a menores

La Cámara Penal ordenó cerrar un pabellón completo del Instituto de Rehabilitación del Adolescente de Rosario (Irar) "por no estar adecuado a los estándares mínimos de alojamiento digno", remodelar otro sector con serios problemas estructurales y prohibir el alojamiento de los adolescentes en sectores destinados a talleres y recreación. También ofició al Poder Ejecutivo para que disponga los recursos "económicos y humanos" para dar solución definitiva a los problemas de fondo.

Hace cuatro meses la defensoría general de la provincia presentó ante la jueza de Menores Nº 3, Carolina Hernández, un hábeas corpus correctivo en favor de los adolescentes alojados en el Irar. El documento se alertaba sobre la sobrepoblación, el albergue de adolescentes en celdas de ingreso, precarias condiciones edilicias, de alimentación, sanidad e higiene, y falta de agua potable y luz.

La jueza Hernández hizo lugar al amparo, pero de manera parcial. El defensor general Gabriel Ganón apeló y en una audiencia celebrada el 30 de octubre las partes expusieron sus fundamentos ante el camarista Carlos Carbone. Ganón dijo que la aceptación "parcial" del hábeas corpus afectaba derechos de los adolescentes ya que no se garantizan "los estándares mínimos de higiene y trato adecuado".

Por su parte, el director de Justicia Penal Juvenil, Alcides Leicker, y el vicedirector del Irar, Jorge Fuentes, detallaron las refacciones que se están realizando en distintos sectores del edificio, que cuenta con 40 plazas y próximamente tendrá otras 24, y que los fines de semana fluctúa la cantidad de internos alojados, lo cual puede exceder circunstancialmente la capacidad, algo que se subsanaría con las obras. También dijeron que el servicio médico está garantizado con una enfermera la 24 horas y un médico de lunes a viernes con turnos de 6 horas y guardia pasiva, y que el traslado a los centros de salud está articulado con ambulancias de Sies.

Dictamen. El juez Carbone le prestó especial atención al dictamen de la asesora del Juzgado de Menores Nº 3, Gabriela Román, quien desde 2013 visita semanalmente el Irar para corroborar su funcionamiento. La profesional recordó que la problemática ya había sido tratada en otro hábeas corpus presentado en 2012 ante la jueza de Menores María del Carmen Mussa, quien elaboró un documento donde puso el acento en la gravedad del asunto: "Los animales en un zoológico están mejor que los adolescentes en el Irar", dijo hace un año la jueza en una entrevista.

El 13 de octubre pasado, tres años después, la Corte Suprema provincial se pronunció sobre el recurso que tramitó esa funcionaria. Planteada la inconstitucionalidad, el Tribunal no hizo lugar a los reclamos de higiene y luz porque dijo que "ya habían sido cumplimentados". Pero hizo lugar a cuestiones referidas a la superpoblación y salud, y dispuso la conformación de una mesa de diálogo entre el Poder Ejecutivo, jueces de Menores, asesores y la defensa pública.

Parcial. Lo concreto es que ese antecedente tuvo relativo peso en el tratamiento del recurso de hábeas corpus planteado en julio por Ganón. El viernes pasado el juez Carbone emitió una resolución en la que rechaza parcialmente el planteo, aunque directamente ordena cerrar un sector del Irar.

Según Carbone, el planteo sobre la superpoblación encontró explicación porque los funcionarios argumentaron que "no pasa de ser un hecho ocasional" los fines de semana, y que generalmente se respeta el cupo.

Como al aceptar el hábeas corpus Hernández encomendó a la subsecretaría de Asuntos Penales que mejore el trabajo de entrega de comida, agua potable, luz, higiene para que se respeten los estándares mínimos, Carbone dijo que esa cuestión "se está cumplimentando". No obstante, el juez entendió que le asiste razón a la defensa en referencia a que "no se podrán afectar al alojamiento sectores propios de la recreación y trabajo de los niños, como los destinados a los talleres.

En esa sintonía, el camarista ordenó la remodelación completa del sector F, trabajos que deberán comenzar en 10 días, y el inmediato cierre del sector G, "por no ser adecuadas con los estándares mínimos de alojamiento digno".