Una jueza le ordenó a la provincia que realice un monitoreo del estado de salud de todos los presos alojados en las comisarías de Rosario y en la alcaidía de Jefatura. La medida fue adoptada en una audiencia pública realizada tras el hábeas corpus presentado en favor de todos los internos por el defensor general santafesino, Gabriel Ganón, cuya área relevó que son 1.379 los detenidos en reparticiones policiales de la Unidad Regional II, de los cuales más de 700 permanecen en seccionales. A partir de ahora el gobierno deberá realizar controles médicos de los presos, anoticiar si se detectan casos de riesgo y confeccionar un informe sobre la situación sanitaria de los lugares de detención. Además, el ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, y el jefe de la policía rosarina, José Luis Amaya, deberán dar explicaciones.
El paquete de medidas fue dispuesto por la jueza Roxana Bernardelli al finalizar la primera audiencia en la que se abordó el planteo de Ganón, presentado en febrero pasado. Por una decisión de la Corte que el defensor objeta, la situación se tratará por separado en cada distrito judicial y ayer fue el turno de Rosario. Tras escuchar el crítico diagnóstico del Ministerio Público de la Defensa, la jueza ordenó urgentes acciones.
Ahora la provincia debe presentar un informe sobre las condiciones de detención y la cantidad de plazas policiales disponibles. El plazo para hacerlo vence el 15 de abril y a partir de entonces, en no más de 72 horas, las partes volverán a reunirse para darle al planteo una respuesta definitiva.
La presentación de Ganón se basa en un relevamiento de las condiciones de detención realizado en las dependencias policiales entre el 2 y el 9 de enero pasado. Los resultados de Rosario fueron presentados ayer en Tribunales por el jefe de los defensores oficiales y el titular regional, Gustavo Franceschetti. Con entrevistas, fotos y visitas establecieron que las unidades policiales de detención no satisfacen las reglas mínimas dispuestas por Naciones Unidas en la materia.
Ese recorrido arrojó que la infraestructura es "deplorable", no hay luz natural ni ventilación en celdas con temperaturas agobiantes, los alimentos son deficientes en cantidad y calidad, falta acceso continuo al agua potable, escasean las camas y colchones, son "recurrentes las alegaciones de golpizas en la vía pública y referencias a la bienvenida como práctica policial" y no existen servicios médicos, de enfermería, odontológicos ni psiquiátricos.
De ese cuadro general, los defensores destacaron como más grave la situación de hacinamiento: con 1.379 presos en comisarías y alcaidía la población excede las 770 plazas que según el conteo del Ministerio de Seguridad están disponibles en Rosario. Para el servicio de defensa, si se siguen estándares internacionales el cupo debería ser de 682, es decir casi 90 espacios menos.
A esto se suma que hay detenidos sin procesamiento desde junio e internas con casi dos años en la alcaidía de mujeres. "No hay revisión médica de los detenidos en el ingreso y el egreso. Hay un paupérrimo acceso de las embarazadas a un debido cuidado y no hay provisión de fármacos más allá de las muestras gratis que aporta el personal policial o la familia", graficó Franceschetti.
Expuesto el diagnóstico, el ex ministro de Seguridad y asesor del área Daniel Cuenca, ofreció el relato de peritos. La jueza consideró esa propuesta desprolija e inoportuna y le exigió al funcionario que en tres días presente una autorización escrita para exponer en nombre de Lamberto, ausente en la audiencia. "Muchos de los problemas mencionados son reales", concedió Cuenca, y anticipó que en dos semanas "va a haber propuestas de trabajo".
Bernardelli cerró el encuentro solicitando que el Ministerio de Seguridad, en colaboración con la cartera de Salud, "destine médicos y/o profesionales de salud para que se constituyan e informen situaciones de riesgo para la salud de los detenidos". En caso de detectarse casos graves deberán ser notificados a la defensa pública y la fiscalía.
Por último, dispuso que presten declaraciones testimoniales el ministro Lamberto y el jefe de la Unidad Regional II en audiencias públicas, antes del próximo encuentro previsto para resolver el hábeas corpus por el crónico problema del hacinamiento. "Es de poca seriedad de que acudan a la audiencia funcionarios de segunda línea, sin los avales correspondientes, cuando estaba citado el propio ministro", cuestionó Ganón tras la reunión, y consideró "lamentable que no exista una política criminal ni penitenciaria en la provincia".
