Madrid. - La Justicia española cortó de cuajo la trayectoria del juez Baltasar Garzón. El Tribunal Supremo declaró ayer al magistrado más famoso de España y a nivel mundial culpable de prevaricación y lo condenó a 11 años de inhabilitación por las escuchas que ordenó en el marco del "caso Gürtel", la trama de corrupción que salpica desde hace tres años al Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy.
La sentencia implica que Garzón, a sus 56 años, pierde su cargo de magistrado de instrucción de la Audiencia Nacional española. Un cargo éste desde el que persiguió a la ETA, al ex dictador chileno Augusto Pinochet y a ex represores de la dictadura argentina. Hace casi dos años fue suspendido cautelarmente de sus funciones, en espera de ser juzgado. Ahora es expulsado definitivamente. Además, durante los 11 años en los que estará inhabilitado no podrá obtener ningún empleo o cargo con funciones jurisdiccionales.
Inmediatamente, Garzón rechazó frontalmente la condena y anunció que recurrirá la sentencia que, a su juicio, "estaba dictada desde hace meses". En una nota remitida a los medios, el juez aseguró que la sentencia no está sustentada en pruebas ni razones jurídicas y que "elimina toda posibilidad para investigar la corrupción y sus delitos asociados abriendo espacios de impunidad y contribuye gravemente, en el afán de acabar con un concreto juez, a laminar la independencia de los jueces en España". No hay segunda instancia española a la que pueda recurrir el juez, aunque sí podría recurrir al Tribunal Constitucional o al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.
Cargos pendientes. La condena se conoce justo un día después de que, también en el Tribunal Supremo, quedara visto para sentencia el juicio contra Garzón por su investigación de los crímenes de la dictadura de cuatro décadas de Francisco Franco. En este caso se lo acusa de haber iniciado y prolongado unas diligencias sobre los crímenes y desapariciones del franquismo atribuyendo a personas fallecidas delitos que habían prescrito, estaban amnistiados y que, además, no eran competencia de la Audiencia Nacional.
Aún tiene pendiente además una tercera causa en la corte, ésta por el delito de cohecho impropio por el supuesto dinero que recibió de entidades financieras durante unos cursos que impartió en Nueva York.
En tanto, los hechos por los que Garzón fue condenado ayer se remontan a 2009, cuando en el marco del "caso Gürtel", la trama de corrupción masiva que salpica al PP, ordenó intervenir las conversaciones en prisión entre los presuntos dirigentes principales de la misma y los abogados que los visitaban, incluidos sus defensores. Los dos presuntos cerebros del entramado, Francisco Correa y Pablo Crespo, y uno de los abogados escuchados presentaron la querella que finalmente llevó a su condena y expulsión de la carrera judicial. Alegaron que las escuchas violaron garantías constitucionales como el derecho de defensa.
La sentencia es muy dura con Garzón. Los siete magistrados del Supremo lo acusan de haber llevado a cabo prácticas que ya "sólo se encuentran en los regímenes totalitarios en los que todo se considera válido para obtener la información que interesa, o se supone que interesa, al Estado".
"Trofeo"
Una de las hijas de Garzón publicó ayer una carta abierta en apoyo de su padre en la que, dirigiéndose a todos aquellos que “brindarán con champán” por la inhabilitación del magistrado, aseguró: “Han conseguido su trofeo” pero “jamás nos harán bajar la cabeza”. “Nunca derramaremos una sola lágrima por su culpa. No les daremos ese gusto. Nos han tocado, pero no hundido”, aseguró María Garzón Molina, que recordó que durante años se han vertido “insultos y mentiras” sobre su padre.
Por Gonzalo Santamaría