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La Justicia citará a los sacerdotes que alertaron sobre el cura pedófilo

Son ocho curas que en 2010 se dirigieron por carta al Arzobispado, por entonces a cargo de monseñor Mario Maulión, manifestándole su "gran preocupación" por los "abusos cometidos por sacerdotes a menores confiados a su ministerio".

Miércoles 19 de Septiembre de 2012

Paraná.— Por estos días serán citados a declarar ante la Justicia los ocho sacerdotes que en 2010 enviaron una carta al entonces arzobispo de esta capital, monseñor Mario Maulión, manifestándole su "gran preocupación" por los "abusos cometidos por sacerdotes a menores confiados a su ministerio", en especial "la creciente notoriedad que uno de los casos está teniendo entre la gente de nuestras parroquias: el del padre Justo José Ilarraz, quien fuera formador del Seminario Menor a principios de los 90". Así lo señala la misiva a la que accedió Análisis de la Actualidad, el quincenario paranaense que ventiló el caso que permanece impune.

El cura perpetró los abusos sexuales contra no menos de 50 seminaristas de entre 12 y 14 años entre 1984 y 1992. La Iglesia supo de las violaciones e intervino internamente, apartándolo del seminario, enviándolo al Vaticano durante un tiempo, luego a Córdoba y finalmente a Monteros para ejercer en una parroquia de este pueblo tucumano que no sale de su asombro tras conocer los antecedentes de uno de sus referentes católicos, y que desde el domingo ya tiene reemplazante, el presbítero Abel Peñaloza.

Las autoridades eclesiásticas, pese a que sabían de las aberraciones de Ilarraz, no acudieron a la Justicia y defienden su convicción de que el acusado ya tuvo su debido proceso dentro de la Iglesia misma, tras el cual "no se le prohibió ejercer el sacerdocio" porque "ya fue juzgado por Dios". Así lo afirmó el obispo de la Diócesis Concepción, José María Rossi, quien antepuso las "buenas obras" de Ilarraz a las violaciones.

La intervención judicial se dio entonces y de oficio a partir del informe publicado días atrás por el quincenario paranaense. Lógicamente el testimonio de los ocho sacerdotes que dieron el alerta hace dos años es sumamente valioso y una prueba importante, al igual que contenido del juicio diocesano iniciado en 1992 por el entonces arzobispo de Paraná, monseñor Estanislao Esteban Karlic, actual cardenal de la Santa Sede.

Hábeas corpus. El abogado Jorge Muñoz, apoderado legal de Ilarraz, indicó que el cura "se encuentra en la provincia de Tucumán, pero como tuvo un fuerte impacto todo esto en su persona, prefirió abstraerse y hablar a través de su representante".

El letrado presentó ayer un recurso de hábeas corpus preventivo, con "el fin de resguardar la persona del sacerdote, evitando la situación de condición de peligrosidad procesal". Por otra parte, remarcó estar convencido de que "las denuncias devendrán en nulas".

El letrado dijo que "la situación de prófugo que se dice de Ilarraz es injusta, porque eso lo determina el órgano judicial y él se encuentra a disposición de la Justicia. Además, no existe una situación formal en la que lo hayan requerido, pero si esto sucede, se van a hacer las defensas de rigor", enfatizó.

En ese sentido añadió en declaraciones a una radio bonaerense que "no existe una circunstancia en que las personas ofendidas por el supuesto delito hayan hecho la denuncia. Por eso yo creo que las acusaciones devendrán en nulas. Sin embargo, se está analizando la posibilidad de hacer una actuación espontánea".

El abogado remarcó que "al no estar hechas las denuncias de las supuestas víctimas, esto es algo totalmente abstracto y nulo".

En este punto las aseveraciones de Muñoz no se condicen con la idea del procurador general de Entre Ríos, Jorge Amílcar García, quien dijo que independientemente de la actitud que adopten las víctimas, la Justicia tiene la obligación de actuar por tratarse de una denuncia gravísima de corrupción de menores. Y en ese sentido dijo que se buscará abrir la causa judicial.

Piazza: "Hay que animarse a denunciar"

La llamada "ley Piazza" que lleva el Nº 26.705 y que fue sancionada hace un año amplía los plazos de prescripción de los delitos que afectan la integridad sexual de los menores de edad. Antes de su promulgación la caducidad comenzaba a contarse desde el momento en que ocurrió el abuso mientras que ahora se empieza a contar cuando la víctima cumple los 18 años. El cambio fue impulsado por el diseñador de moda Roberto Piazza, quien en alusión al caso de los abusos sexuales a seminaristas menores de edad por parte del cura Justo José Ilarraz consideró que "es un tema tan simple como complicado". Al respecto, cuestionó a la Iglesia por "tapar" estos delitos. "Hay que animarse a denunciar. Hay que perder el miedo a las amenazas y a la sociedad que señala con un dedo", instó. Piazza también habló sobre la importancia de "perder el miedo al miedo".

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