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La Justicia citará a funcionarios de Armstrong por facturas truchas

El juzgado en lo Penal del Distrito Judicial Nº 6, de Cañada de Gómez, citará a declarar, en breve, a los funcionarios de las áreas de Hacienda y Contaduría de la Municipalidad de Armstrong...

Viernes 01 de Noviembre de 2013

El juzgado en lo Penal del Distrito Judicial Nº 6, de Cañada de Gómez, citará a declarar, en breve, a los funcionarios de las áreas de Hacienda y Contaduría de la Municipalidad de Armstrong, luego de comprobar que muchas de las facturas presentadas en el marco de una denuncia por supuesta defraudación "son efectivamente apócrifas". La constatación judicial se llevó a cabo tras la citación de quienes figuraban en los membretes de los documentos.

"Se conformaron los casos presentados por el denunciante, el abogado Luis Rossini", dijo a secas el fiscal Angel Granato, quien lleva a cabo la investigación por probable peculado. El funcionario judicial llamará ahora a los funcionarios para una declaración testimonial por los egresos que, en una primera etapa, rondarían los 200 mil pesos. Los montos de las facturas (que superan la veintena) oscilan entre los 200 y los 19 mil pesos.

El avance judicial se concreta luego de dos allanamientos realizados a las oficinas municipales por parte de policías especializados de las Tropas de Operaciones Especiales (TOE). En el primero de los allanamientos se secuestraron tres computadoras que ahora serán peritadas en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

Granato convocará también, pero más adelante, a otros funcionarios municipales para llevar a cabo una serie de pericias caligráficas. Con esta acción se busca saber si las facturas apócrifas fueron completadas por ellos mismos, como sospecha el abogado Luis Rossini, autor de la denuncia.

El funcionario dijo además que la totalidad de los proveedores que figuran en las facturas, y que fueron citados por el Poder Judicial, negaron tener vínculo comercial con el municipio de Armstrong, y que no vendieron ningún tipo de mercadería. Es el caso de Marisel Vallejos (de Vivero B y F, de Roldán), cuyas facturas como pagas en la Contaduría municipal. "No sé nada de esto, jamás le vendí plantas a la Municipalidad de Armstrong", dijo en su declaración.

Idéntico es el caso de Claudio Olguín, de Rosario, a quien le inventaron facturas a nombre de Olguín Materiales. Pero el caso es aún más grave porque encontraron al menos una decena de facturas y los montos de venta (por bolsas de cemento y base granular) rondan los 19 mil pesos. "Yo no vendo materiales para la construcción sino materiales de calefacción industrial y jamás tuve trato con funcionarios de Armstrong. Las facturas son falsas y la letra no es mía", dijo en los Tribunales de Cañada de Gómez. También citaron a Ariel David Zapata, de una ferretería de Funes, y negó haber vendido algo en el municipio de Armstrong. Idéntica respuesta dio Eduardo Enri Falco, de FH Construcciones, de Totoras. Tres facturas con su membrete, por un monto de 16 mil pesos cada una, fueron ingresadas y cobradas por la Municipalidad. "Yo me dedico al montaje de galpones. No tengo trato comercial con la Municipalidad de Armstrong. Tampoco es mi letra", dijo.

Defraudación. Rossini acompañó la denuncia con copias de las facturas y fue presentada como "una presunta defraudación al Estado municipal". El caso generó un enorme escándalo y fue tildado por el intendente Pablo Verdecchia como "político". El profesional consignó que los documentos dan cuenta de venta de artículos de ferretería, pintura, equipos y servicios, como jardinería.

Las facturas habrían sido cobradas a mediados de 2010 (Verdecchia asumió en 2009 y el domingo pasado fue reelecto con el 50 por ciento de los votos). El abogado dijo que ese acto de supuesta corrupción podría repetirse otros meses, y que es imposible determinar la supuesta defraudación final si no hay una auditoría externa.

Rossini reveló que el modus operandi consistía en crear facturas de proveedores existentes, a las que luego les cambiaban los números telefónicos y luego abonaban a través de la Secretaría de Hacienda. Según Rossini, las órdenes de pago están firmadas, pero las firmas no corresponden a las de los proveedores. También denunció que usaron entre dos y diez facturas por empresas.

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