Una inesperada crisis política, con epicentro en una nueva disidencia entre los representantes del peronismo, hizo fracasar ayer la última sesión ordinaria del año de la Cámara de Diputados. La falta de acuerdo interno entre los bloques del PJ sobre el tratamiento de las reformas a la ley electoral fue el detonante de un clima de enojo y enfrentamiento que el Frente Progresista supo aprovechar retirando sus diputados.
Esta conducta de los oficialistas no sólo impidió la realización de la sesión sino que dejó al gobernador Bonfatti en condiciones de insistir con la creación del piso del 1,5 por ciento mínimo de votos como requisito para que los postulantes a las Paso puedan competir en las generales en el periodo de sesiones extraordinarias. Este periodo es una instancia de colaboración entre ambos poderes que se da fuera de los plazos estipulados. Esa colaboración se da en que las Cámaras llaman a sesión y se avienen a tratar únicamente aquellas iniciativas que gira el Ejecutivo.
Si ayer hubiera sesionado la Cámara los peronistas habrían enviado los dos dictámenes sobre la ley nuevamente a comisión y eso habría impedido al gobernador reenviarlo en extraordinarias. Pero al haber quedado sin tratamiento y con dictamen de comisión puede hacerlo toda vez que este período es para que el Ejecutivo envíe aquellas cuestiones que considera indispensables.
La comisión de Asuntos Constitucionales emitió un dictamen de mayoría apoyando el proyecto tal cual lo envió la Casa Gris y otro de minoría en el que condicionaba el porcentaje del 1,5 por ciento a los votos válidamente emitidos, lo que hace variar los guarismos de la cantidad de sufragios que un postulante debe reunir en las Paso para pasar a competir en las generales.
Visiblemente ofuscado, como pocas veces se lo vio, el presidente de la Cámara, Luis Rubeo anunció ayer la suspensión de la reunión: "No hubo acuerdo y se decidió postergar el tratamiento hasta que el Ejecutivo envíe el mensaje a extraordinarias y ahí veremos.
Según se supo ayer, Rubeo no quiso negociar lo que algunos de sus pares le pidieron y eso originó las discusiones y los enojos: más plata para publicidad electoral a cambio de la reforma. Mario Lacava, y Rodolfo Mirabella, según dijo el primero a este diario, plantearon a sus pares que son muy pocos los segundos en radios y tv que ofrece comprar el gobierno y dado que la ley les prohíbe a los candidatos contratarlos por su cuenta consideraban necesario rediscutir la cuestión. "Además es Galassi quien dice 90 millones. No sabemos si es esa cifra. Lo que decimos es que debe conversarse más".
A Rubeo le habrían pedido que negocie esa ampliación con la Casa Gris, a lo que éste se habría rehusado. Se limitó a responder casi furioso: "Mi posición es que sea aceptado el tema de los pisos y la publicidad. Yo fui el autor de la ley que implica que se utilice la publicidad para los partidos políticos y voy a seguir defendiendo esa ley".
El Código Procesal será aprobado el jueves próximo
En medio de una discusión reglamentaria con la oposición, el Frente para la Victoria de la Cámara de Diputados avanzó en comisión con el proyecto del Poder Ejecutivo que plantea un nuevo Código Procesal Penal, norma que será sancionada el próximo jueves.
En el salón central del anexo C de la Cámara baja se reunieron en plenario las comisiones de Justicia, Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda, de donde salió el despacho de mayoría que habilita a la iniciativa para ser discutida en el recinto la próxima semana.
El ministro de Justicia, Julio Alak, brindó una exposición muy breve sobre el proyecto y, tras las palabras del subsecretario de Política Criminal, Juan Martín Mena, —entre los dos sumaron media hora— se retiró de la comisión, sin responder preguntas de la oposición.
El plenario, que en total duró cuatro horas, arrancó con una pelea reglamentaria, ya que los bloques antikirchneristas consideraron inválido el tratamiento del proyecto, teniendo en cuenta que la comisión de Legislación Penal, presidida por Patricia Bullrich, no había convocado a ninguna reunión.
La legisladora de Unión PRO advirtió que el texto debía tener como cabecera al cuerpo que ella dirige y no a Justicia, comandado por la oficialista Graciela Giannettasio, quien sí hizo un llamado para la cita de este jueves. "Bajo la conducción de esta presidenta no iba a salir en una sola sesión y a libro cerrado", subrayó Bullrich en tercera persona.