La primera parte del año arrancó con nuevos cruces, debates y propuestas por el financiamiento de las obras de infraestructura, los sistemas de transporte y la salud pública, exponiendo crecientes dificultades y tensiones entre los distintos niveles de Estado. La discusión sobre cómo hacer frente a esas inversiones y erogaciones, lleva a los gobiernos subnacionales a la búsqueda de alternativas al actual “modelo de reparto” de los fondos públicos.
La relación Nación-provincias, y provincias-municipios parecen entrar en una fase de rediscusión “coparticipativa”, que no sólo involucra la vía impositiva. Las iniciativas que apuntan discutir este reparto registran diferentes grados de avance y distintas posibilidades de éxito. Algunas de ellas son:
• Iniciativas para que la provincia cubra el presupuesto de salud en Rosario.
• Una reforma de la ley de obras menores.
• Acuerdos de financiamiento de obras de infraestructura local.
• El pedido de la Nación para que la provincia absorba la quita del subsidio a la energía eléctrica a cambio de obras.
• El aval de la Nación al financiamiento provincial que realizó el Fondo de Kuwait para el acueducto Reconquista.
• Relanzamiento de programas, ahora más articulados, de viviendas sociales en la provincia.
La aceleración del ritmo inflacionario golpea a todos los niveles de Estado, pero con más fuerza sobre municipios y comunas, al punto que aquellos gobiernos locales que creyeron haberla sorteado con fórmulas polinómicas de actualización, están revisando esas premisas, debido a que la feroz remarcación de precios supera con creces los topes puestos para evitar saltos significativos del valor de la tasa que pagan los ciudadanos. Y, en el caso de las comunas, tampoco les alcanza con los aumentos del precio de los combustibles, que realiza el propietario de la estación de servicio de su pueblo a la cual tienen atada la mayoría la tasa comunal. Un 25% promedio desde enero.
Funcionarios municipales también señalaron la “demora” durante años de la actualización del impuesto inmobiliario, un ingreso que supo ser significativo para la mayoría de los distritos. Para el caso del municipio de Rosario, la secretaria de Hacienda municipal, Verónica Irízar, explicó que hoy ese gravamen apenas representa el 12% de los recursos, cuando promedió históricamente el 30%.
La última “reforma” importante en el reparto de recursos entre provincia y municipios se remonta a seis años atrás. Si bien ese proceso se inició en 2006, fue en 2008 cuando los municipios y comunas acceden al reparto pleno del 13,43% del impuesto a los ingresos brutos, a la puesta en marcha del Fondo de Obras Menores (1% del presupuesto ejecutado del ejercicio anterior para todas las localidades menos para Rosario y Santa Fe), la distribución del 30% del fondo sojero que llega a la provincia y los aportes no reintegrables como compensación por la afectación del régimen federal para el financiamiento educativo.
A comienzos de este siglo, un secretario de Hacienda municipal, con años en el cargo, fue contudente: con el esquema tributario actual los municipios sólo están para pagar los servicios, ya que no vislumbraba entonces que los gobiernos locales pudieran afrontar las erogaciones obras de infraestructura de envergadura. Un escenario que hoy parece aún más claro.
Esta situación se ve con claridad en el municipio de Rosario, que junto al de Santa Fe, en la persona del intendente José Manuel Corral, respalda el proyecto para modificar el Fondo de Obras Menores, con la idea de que ambas ciudades sean incluidas en el mismo, pero bajo una fórmula en las que los demás estados locales no resignen una parte de sus partidas sino que se amplíe la torta a repartir, a costa del Tesoro provincial, el cual absorbería el Fondo del Conurbano. Así es como el Ejecutivo santafesino envió a la Legislatura la iniciativa para su tratamiento.
También se establece en ese proyecto que los municipios y comunas puedan destinar el 35% de esos recursos a gasto corriente y otro 30% para gastos de transporte (unos 10 millones de pesos) que, en el caso de Rosario, sería un aporte clave para engrosar el Fondo Compensador del Transporte.
Hasta ahora, cada año los intendentes y presidentes comunales sacan excepciones a la ley para utilizarlas para gastos corrientes pero tienen que presentar esas boletas.
De este modo, Irízar señaló que el municipio vería incrementado de 20,8 millones de pesos del Fondo del Conurbano —congelado en el tiempo— a 83 millones de pesos este año de ser incluida Rosario y Santa Fe en el Fondo de Obras Menores.
Respecto al sistema de salud en Rosario en las últimas semanas aparecieron proyectos, incluso de la oposición, para financiar aún más esa erogación clave en el presupuesto municipal. Iniciativas que, como las demás, generó cruces entre oficialismo y oposición. La secretaria de Hacienda explicó que desde el convenio firmado en abril de 2009 la provincia se encargó por un monto equivalente al presupuesto ejecutado el año anterior destinado a la alta complejidad. Representa el 24 ó 25% del presupuesto en salud.
Desde el año pasado, un equipo de trabajo de los gobiernos provincial y municipal avanzaron en un segundo convenio que elevará ese 25% al 40%.
En 2014 se estaría cerca del 35 ó 36% del presupuesto local en salud, ya que mañana se firma el nuevo convenio, que incluye los fondos para el funcionamiento del Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias de Rosario (Cemar), de la Maternidad Martín y de la Unidad de Laboratorio, que realiza también análisis para la provincia y otros centros de salud de otros municipios.
En total serían, junto con la alta complejidad, 485 millones de pesos para 2014. “Es un monto casi como el de la recaudación de la tasa municipal (540 millones de pesos)”, ejemplificó Irízar.
En materia de obras, después de idas y vueltas, los anuncios realizados por la gestión de Antonio Bonfatti, en Rosario suman unos 1.300 millones de pesos hasta 2015. Los proyectos son 150 millones de pesos para la recuperación de los Fonavi (cloacas, pintura, etc), 500 millones de pesos destinados para intervenciones integrales en 20 barrios, el hospital Regional, avenida San Martín, Ovidio Lagos, Rivarola y el acueducto Gran Rosario.
Por todo esto, la secretaria de Hacienda local defendió la implementación de la tasa vial destinada a mantener y construir la red provincial, y de la cual un 30% de los recursos se repartiría entre los municipios y comunas, muchas de las cuales hoy se oponen porque son ellas las que cobran un tributo similar. Esto representaría unos 270 millones de pesos a repartir entre los distritos locales.