Ya hay fecha para el llamado en España "juicio de la década" en España: el que a partir del 11 de enero sentará en el banquillo de los acusados a Cristina de Borbón, hermana del rey Felipe VI, imputada en un caso de corrupción junto a su marido, Iñaki Urdangarin. La Audiencia Provincial de Palma de Mallorca notificó ayer la fecha del inicio de la vista oral, que podría prolongarse durante varios meses. El fiscal y los abogados de las partes fueron citados el próximo 23 de octubre para fijar el calendario de sesiones.
La hija mediana del rey emérito Juan Carlos será el primer miembro de la familia real española en sentarse en el banquillo de los acusados ante un tribunal. Solo la acusa el pseudo sindicato Manos Limpias, que ejerce la acusación popular y que reclama para ella una pena de ocho años de prisión.
Uno de sus abogados, Miquel Roca, descartó ayer que se condene a la infanta y confió en que se le aplique la llamada "doctrina Botín", que impide enviar a un imputado a juicio contra el criterio de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, como es el caso. "No se puede sostener una acusación en base a una simple acusación popular, cuando ni el abogado del Estado ni el Ministerio Fiscal señala que existe ningún tipo de infracción en un delito de pretendida naturaleza tributaria", dijo a los periodistas.
Amplia trama de corrupción. Cristina, de 50 años, y Urdangarin, de 47, están imputados junto a otras 16 personas en la causa que investiga el llamado "caso Nóos", una supuesta trama de corrupción tejida en torno al Instituto Nóos, entidad supuéstamente sin ánimo de lucro ligada al deporte que fue presidida por Urdangarin. El matrimonio ha reiterado en varias oportunidades su inocencia a través de sus abogados.
En diciembre, el juez José Castro de Palma mandó al banquillo de los acusados a la hermana de Felipe VI al considerarla sospechosa de ser cómplice y "cooperadora necesaria" de dos supuestos delitos fiscales presuntamente cometidos por su esposo. La infanta pidió entonces, sin éxito, ser absuelta. Alegó que firmó "sin pedir explicaciones" los escritos que le presentó su marido, con quien poseía una sociedad a medias.
Urdangarin, ex jugador profesional de balonmano, será juzgado por haberse apropiado supuestamente de seis millones de euros de dinero público junto a su ex socio en el Instituto Nóos, Diego Torres. Está acusado de presuntos delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias, fraude y estafa, entre otros. La Fiscalía pide para él 19 años y medio de cárcel.
Expectación mediática. El juicio del "caso Nóos" despierta una gran expectación mediática. Según informó ayer el tribunal de Baleares, tendrá lugar en un edificio del gobierno regional situado en un polígono a las afueras de Palma de Mallorca -donde ya se celebraron otros megajuicios-, para garantizar "las condiciones de publicidad y seguridad".
Habrá en total 363 testigos, entre ellos algunos nombres conocidos de la política nacional, como el ex ministro Alberto Ruiz Gallardón o el ex ministro y ex director gerente del FMI Rodrigo Rato. La Audiencia de Palma rechazó que Felipe VI declare como testigo, tal y como había pedido la defensa del ex socio del yerno del monarca.
El juez Castro elevó en mayo los cien tomos y más de 76.000 folios de sumario del "caso Nóos" a la sección primera de la Audiencia Provincial de Palma. Los magistrados que juzgarán el caso son Juan Pedro Yllanes, Eleonor Moyá y Samantha Romero, ésta como ponente.
Mayor golpe. El escándalo del "caso Nóos" fue el mayor golpe para la monarquía española en los casi 40 años de reinado de Juan Carlos I. El entonces monarca, inmerso en una gran crisis de imagen y desconfianza por parte de los ciudadanos, abdicó en su hijo en junio de 2014. Desde que fue proclamado rey, Felipe VI se ha distanciado de su hermana Cristina. El pasado junio, en un gesto inédito, ordenó retirarle el título de duquesa de Palma que su padre le había otorgado en 1997.
Sexta en la línea de sucesión al trono español, la infanta sigue manteniendo sus derechos dinásticos a pesar de la presión que recibió en los últimos meses para que renuncie a ellos.
Despojada de su título de duquesa de Palma, Cristina de Borbón e Urdangarin viven un exilio obligado en Suiza. El no trabaja y ella colabora con una empresa española. Aunque su holgado nivel de vida no descendió, la familia cuenta con más de diez guardaespaldas pagados por el gobierno y alquilan un departamento en la zona más exclusiva de Ginebra por el que, según la prensa española, pagan unos 6.000 euros de alquiler por mes.
