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La independencia de Cataluña cosechó 1,6 millones de votos

Desafío soberanista.La consulta ilegalizada por la Justicia convocó a más de 2 millones de electores sobre un padrón potencial de 6,2 millones. La Fiscalía investiga.

Lunes 10 de Noviembre de 2014

Según datos del gobierno catalán, algo más de dos millones de ciudadanos ignoraron el veto del Tribunal Constitucional español a la consulta sobre la independencia de España y acudieron ayer a las urnas. De ellos, 1,6 millones votaron a favor de la independencia. El censo electoral estimado en Cataluña es de 6,2 millones de personas, de modo que votó poco más de un tercio. Fue un desafío abierto, tanto al gobierno español de Mariano Rajoy como al máximo tribunal español. “Cataluña ha dejado muy claro una vez más que quiere gobernarse a sí misma”, declaró Artur Mas, el presidente catalán, tras el cierre de las urnas. Durante el día, varios jueces desecharon recursos para intervenir contra la votación.
   Votaron 2.043.226 personas, según el gobierno catalán, que  esperaba que la cifra llegara finalmente a los 2.250.000. De aquella cifra, el 80,72% se pronunció por la independencia. Un 4,55% dijo “no” y el 10,11% restante contestó “sí” a la pregunta de si quiere que Cataluña sea un Estado, pero “no” a la de si desea que sea independiente. El resultado, sin embargo, no es relevante en términos legales, y además constituye una clara violación de un mandato judicial. Pese a esto, Mas calificó de “éxito total” la consulta y exigió a Rajoy pactar “un referéndum definitivo”, o sea, legal y de efectos concretos.
  El gobierno español, que se opuso desde el principio a la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña, calificó la votación de “simulacro estéril e inútil” y no reconoció la validez de los datos ofrecidos por el Ejecutivo catalán. “Es un acto de pura propaganda que solo ha servido para exacerbar la división entre los catalanes y tensar las relaciones políticas”, dijo el ministro español de Justicia, Rafael Catalá. El ministro anunció durante su comparecencia que en los próximos días se tomarían medidas legales, ya que la Fiscalía estaba recabando información sobre la jornada, y si encuentra responsabilidades penales iniciará acciones judiciales.
  Los organizadores del llamado “Sí o sí” a la independencia querían que la consulta no fuera un “simulacro”, sino un voto creíble, pese a que participaron en su enorme mayoría los partidarios de una separación de España. El diario El País señalaba que los cálculos de la “Generalitat” estimaban que hay 5,4 millones de ciudadanos españoles en Cataluña mayores de 16 años, así como 900.000 extranjeros residentes. Esta cifra orientativa coincide con las que ofrece el Instituto Nacional de Estadística español. El INE refleja que la población residente en Cataluña nacida antes de 1998 y por tanto llamada potencialmente a votar es de 6.228.531 personas. Teniendo en cuenta este censo orientativo, habría votado un 32,8%. En toda Cataluña hay 7,5 millones de habitantes.
  Cada una de las mesas disponía de una urna de cartón con una ventanilla de plástico transparente y un computador portátil. Todo este material fue proporcionado por el gobierno catalán, que coordinó además la jornada. Como no existió censo electoral, los votantes consultaba la dirección de su colegio electoral en una página web especial y eran inscritos a su llegada a la mesa.

Fiscales en acción. La jornada de votación arrancó en medio de la incertidumbre, después de que la Fiscalía abriera diligencias para investigar si había delito en la cesión de los locales públicos que acogieron las urnas y pidiera que se identificara a los responsables de su apertura. “Si la Fiscalía quiere conocer quién es el responsable de abrir los colegios, que me miren a mí. El responsable soy yo y mi gobierno, aunque espero que impere el sentido común”, desafió Mas cuando votó durante la mañana.
  Pero en sus informes a los juzgados de guardia, el Ministerio Público desaconsejó la retirada de las urnas y la detención de los organizadores, al considerar que serían “medidas desproporcionadas”, por lo que la jornada concluyó sin incidentes. En este contexto, varios jueces rechazaron paralizar la votación, como les reclamaban ONG antiindependentistas y partidos como UPyD, lacuarta fuerza política en el Parlamento español.

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