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La increíble historia del funcionario que está acusado de robos a mano armada

Gabriel Romano fue sorprendido "in fraganti" hace once días. Tenía a cargo la inserción social de personas liberadas de cárceles santafesinas.  

Martes 12 de Febrero de 2013

"A mí no me pueden llevar preso porque soy funcionario", vociferó exaltado Martín Alejandro Romano, mientras blandía desafiante una credencial oficial en las narices de los azorados policías que lo detuvieron, sospechado de haber consumado el robo a mano armada a una panadería del macrocentro santafesino junto a un cómplice y ex presidiario.

A los policías les costaba creerle y al propio juez de instrucción Sergio Carraro también lo asaltó la misma sensación de sorpresa e incredulidad cuando le comunicaron la novedad un rato después. Pero el hombre no mentía. Romano efectivamente es director general de Control y Asistencia Pos-Penitenciaria de la provincia (el ex Patronato de Liberados). Desde el primer día del mes está detenido en una comisaría de la capital provincial a disposición de la Justicia, imputado de "robo calificado por el uso de arma de fuego" en grado de partícipe principal.

A Romano y su cómplice, el ex convicto Gabriel Galván —imputado de la autoría material del hecho— los había perseguido y denunciado al 911 el propietario de la sucursal de la panadería Polo Norte ubicada en la céntrica intersección de 9 de Julio y Santiago del Estero. Los vio huir luego de amenazar a la empleada del local a punta de pistola a bordo del automóvil Renault Sandero Stepway que conducía el funcionario. Romano se había quedado a bordo del auto —que es de su propiedad— en la esquina como "campana" mientras Galván consumaba el atraco a mano armada.

Proyectiles. La misma noche del robo, el viernes 1º de este mes, el juez Carraro realizó un allanamiento en la vivienda de Romano, en calle 9 de Julio al 3400, a escasos metros de la panadería asaltada. Allí secuestró proyectiles del mismo calibre que el arma que portaban el funcionario provincial y su cómplice en su frustrada huida y chips telefónicos además de valiosa documentación. Esta última derivó en el nuevo allanamiento que el magistrado encabezó en las oficinas de la Dirección Provincial de Control y Asistencia Pos-Penitenciaria el pasado miércoles.

"Por ahora Romano (31 años) y Galván (38) se encuentran imputados en la causa por el robo calificado, pero las evidencias encontradas en su domicilio y en sus oficinas seguramente derivarán en un nuevo expediente por delitos vinculados a su actividad funcional", comentó a LaCapital una calificada fuente judicial que participó de ambos operativos.

En los allanamientos ordenados por el juez Carraro, secundado por el secretario penal Marcelo Fontana y la fiscal Elena Perticará con la asistencia de peritos, se detectaron "importantes movimientos patrimoniales" y declaraciones juradas en blanco firmadas por presidiarios que debían estar bajo la tutela del responsable del denominado Patronato de Liberados.

De planta. Aunque la defensa intenta desligar a Martín Romano del asalto en el que se llevaron 400 pesos, los encargados de la investigación recogieron prueba que comprometen al funcionario provincial de carrera, al que la Casa Gris se encargó inmediatamente de deslindar como personal político. Fue "designado en septiembre de 2007 y es de planta", señalaron desde el gobierno.

El caso no sólo tiene connotaciones políticas por el curioso dato de que un funcionario resulte detenido prácticamente "in fraganti" participando de un robo a mano armada. También despertó las sospechas de los vecinos de las oficinas de Romano, ubicadas en calle 4 de Enero al 3600 en el azotado por constantes asaltos barrio Mariano Comas de la capital santafesina. "Acá los robos son cotidianos", comentó al aire una vecina entrevistada por una emisora santafesina. Esa es otra de las pistas que deberá seguir la investigación para determinar si el robo a la panadería Polo Norte fue azaroso o si formó parte de un "modus operandi" pergeñado por un funcionario del estado encargado de tutelar a los liberados de las cárceles santafesinas.

El juez Carraro, según adelantó el propio magistrado a este diario hace una semana, ya tiene decidido ampliarle declaración indagatoria para deslindar eventuales responsabilidades funcionales y que, más que darle un giro a la investigación, derivarían en una nueva causa penal. Quizá con penas menores a las del robo calificado, pero de consecuencias administrativas y políticas aún más gravosas en caso de ser comprobadas por la responsabilidad funcional que ostentaba Romano.

Trastorno de personalidad

Los empleados que estuvieron en el allanamiento judicial declararon que Romano acude poco a la oficina y que “casi no firmaba” expedientes, al menos en su despacho. Su abogado defensor abonó aún más el terreno de las especulaciones. “Este muchacho tiene un trastorno de personalidad”, sostuvo, ratificando que Romano estuvo bajo tratamiento psiquiátrico “a puerta cerrada” hace dos años, lo que no impidió que prosiguiera en un cargo tan sensible.

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