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"La falta de respuesta judicial favorece la trata de personas"

Lo aseguró el secretario de Derechos Humanos provincial, Horacio Coutaz Dijo que hay "mucha deficiencia" en los tribunales a la hora de hacer frente al problema

Domingo 08 de Abril de 2012

"El hecho de que no haya respuesta judicial ante estos casos aparece como un mensaje muy claro que facilita el accionar de las organizaciones que promueven la prostitución, la trata de personas u otros delitos similares". La reflexión, contundente, corrió por cuenta del secretario de Derechos Humanos de Santa Fe, Horacio Coutaz. El funcionario aseguró que "hay mucha deficiencia en la Justicia a la hora de dar respuestas", en referencia a la reciente denuncia realizada por tres chicas de Vera -dos de ellas menores- contra una empleada de los tribunales de esa ciudad que, al parecer, organizaba fiestas sexuales en su domicilio para las cuales reclutaba hombres y mujeres en situación de vulnerabilidad social o emocional.

Las expresiones del funcionario se fundamentaron en el análisis de episodios similares denunciados desde principios de 2011 en los que también hubo empleados judiciales involucrados y cuyas causas no avanzaron. La mujer acusada ahora también cuenta con el antecedente de haber sido señalada ante las autoridades por un caso de abuso sexual hacia una empleada doméstica en la vecina localidad de Romang, cuya tramitación en la Justicia está demorada.

Tal cual lo publicó LaCapital en su edición de el viernes, tres chicas, de 19, 14 y 12 años, denunciaron en la Comisaría de la Mujer de Vera haber sido partícipes de reuniones en la casa de una empleada judicial de esa ciudad, quien las invitaba a divertirse y les presentaba, una vez en su domicilio, a hombres a quienes presentaba como sus "primos". Los adultos les ofrecieron dinero para tener sexo con ellos; incluso uno les puso una tarifa de 300 pesos a dos de las niñas para vivir con él un "vale todo".

"Sobre este caso tomamos conocimiento a través del Ministerio de Seguridad por las denuncias realizadas ante la Comisaría de la Mujer de Vera. Lo primero que hicimos fue coordinar el accionar con la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y el Centro de Acceso a la Justicia para proteger a las niñas y brindarles asesoramiento jurídico, porque seguramente las volverán a citar para declarar", explicó Coutaz.

Según el funcionario, la causa relacionada con ese hecho aún está en la comisaría. "El juez tomó conocimiento pero solicitó que se la remitieran recién el lunes, situación que nos preocupa profundamente", sostuvo.

Plan de acción. Desde el primer contacto con las menores, las reparticiones provinciales diagramaron un plan de acción para contenerlas y protegerlas. "En las causas iniciadas el año pasado en Vera -en las que también se procesó a un empleado del fuero judicial local y a otros seis hombres por delitos sexuales contra menores-, ya hubo intentos para lograr que las chicas se desviaran de sus declaraciones originales. Vemos que en la provincia, la situación vinculada con las organizaciones que cometen delitos sexuales es muy grave por el bajo o nulo accionar de la Justicia", lamentó el funcionario, y agregó que además "se acumularon antecedentes del año pasado que aún no se resolvieron por lentitud o falta de respuestas concretas de parte del Poder Judicial".

"Además de trabajar en los casos individuales nos preocupa qué hacer con la problemática de fondo, pero siempre encontramos el obstáculo de la Justicia. Por ejemplo, en los sucesos denunciados el año pasado en Reconquista por delitos sexuales contra menores se presentó como querellante el Centro de Acceso a la Justicia, pero hace seis meses que la causa no se mueve y ni siquiera se puede ver el expediente", denunció.

El titular de Derechos Humanos dijo que la prioridad ahora es proteger a las niñas, asesorarlas convenientemente para que las causas avancen rápidamente y reunir todos los antecedentes para después evaluar qué pasos dar respecto al accionar de la Justicia. "Pensamos incluso plantear estas inquietudes ante la Corte Suprema", enfatizó.

Archivadas. "No se a qué se puede atribuir la falta de respuestas, pero vemos que hay atraso en esta y otras causas y que incluso muchas de ellas terminan archivadas. También hay procesos en los que hacen declarar cuatro o cinco veces a los menores contraviniendo así todas las cuestiones relacionadas con las buenas prácticas y protocolos de actuación, que son de aplicación imprescindible cuando se trata de resolver casos de menores víctimas de delitos. Esto lleva, indefectiblemente, a que dejen de declarar o cambien sus dichos", remarcó.

Esta situación preocupa "sobremanera" a las autoridades, que ven en esta lentitud una actitud casi cómplice, aunque sea involuntariamente. "Las causas avanzan con mucha lentitud o directamente no hay condenas a los culpables. El hecho de que no haya preocupación judicial ante estos casos aparece como un mensaje muy claro que facilita el accionar de las organizaciones que promueven la prostitución, la trata de personas u otros delitos similares", remató Coutaz.

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