La muerte del fiscal Alberto Nisman reubicó el radar de la agenda política nacional, que desde fines de 2014 venía enfocado en instalar un escenario de debacle para el primer bimestre de 2015, en buena parte por la insistencia de la oposición de darle un marco al inicio de la campaña.
La fuerza y la contundencia que provocó en primer lugar la denuncia del fallecido fiscal contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y luego su violenta muerte, instalaron en forma unívoca el debate en torno a la institucionalidad y el futuro político del oficialismo y se corrieron del enfrentamiento sobre estrategia cambiaria oficial y sus herramientas para disciplinar al dólar blue, el manejo de las restricciones externas y la negociación con los fondos buitre una vez caída la famosa cláusula Rufo.
Como en la saga del Señor de los Anillos, mientras el ojo de Sauron se orienta hacia a resolver cuestiones que generaron un clima político de incertidumbre, los hobbits continúan su camino a la montaña, no sin impedimentos, pero con la certeza de contar con una tregua.
En ese contexto, el gobierno logró despejar el escenario de caos y logró contener la euforia del dólar blue, incluso pudo achicar bruscamente la paridad cambiaria con la divisa oficial, en un trayecto de recomposición progresiva de reservas, que más allá de la estrategia policial que adoptó a través de la Afip en las cuevas y no tanto, también estuvo respaldada por otras como la licitación de Lebac esta semana que alcanzó un récord histórico.
Por otra parte, aunque los balances anuales de 2014 sobre cada uno de los indicadores de actividad comenzaron a difundirse y muestran claramente los signos de la desaceleración del año que terminó, también comenzaron a aparecer las primeras señales de que lo que se viene no es tan oscuro. Así, el último informe del FMI redujo las previsiones de caída de la economía argentina de 1,5% a 1,3%, en el marco de un estudio sobre la región a la que calificó con “crecimientos mediocres” impulsado por el desplome de Venezuela y su economía ligada al petróleo y una drástica llamada de atención sobre Brasil, a cuya actividad económica la calificó de “anémica”.
En ese marco, el gobierno también pudo pilotear, sin mayores estruendos, un fallo adverso de la OMC que reclamó al país que derribe el cepo sobre las importaciones en cumplimiento de una demanda interpuesta por Japón, Estados Unidos y la UE. El secretario de Comercio, Augusto Costa, convocó a los sectores involucrados y les ratificó la decisión del gobierno de sostener las políticas de administración del comercio exterior, todo sin levantar demasiada ola.
Por otro lado, los gremios muy anticipadamente comenzaron a recalentar la discusión paritaria con la venia del Ministerio de Trabajo y sin una decisión oficial de ponerle un techo al reclamo salarial. Aunque los acuerdos a los que llegaron entre la UTA, la UOM y algunos otros sindicatos los presentan como una suma puente que oficiará como adelanto de la negociación de este año, el propio oficialista titular de la CGT, Antonio Caló, dejó claro que el ingreso adicional por ahora viene a cubrir el bono de fin de año que no habían logrado consolidar en 2014.
También, en medio del desplome del precio del petróleo, el gobierno negoció con las provincias petroleras y los gremios subsidiar nuevamente a las empresas, sin que tamaña decisión provocara ningún reclamo opositor pese a la magnitud de los fondos que involucra.
Esta suerte de piloto automático con la que se condujo la economía del país, tras la ausencia prolongada de Cristina a causa de la torcedura de su tobillo, permite echar por tierra las previsiones apocalípticas que ubican a diciembre _y en los últimos años a enero_ como los momentos en los que en la Argentina la cuerda que se tensó durante el año se termina cortando. Está claro que las restricciones externas que tiene el país y la crisis exportada de las economías centrales comenzaron a impactar en la actividad doméstica. La balanza comercial mostró en 2014 el superávit más bajo en trece años según datos oficiales del Indec, con una muestra de que la política de administración del comercio exterior agudizó los procesos de concentración de la economía en grandes jugadores, tal como denunció esta semana en representación de las pymes Franciso Dos Reis, titular de la Central de Entidades Empresarias (Ceen).
También puso una luz de alerta sobre la necesidad de comenzar a trabajar con la minuciosidad de un artesano la relación con Brasil, el primer destino según el Indec de las exportaciones argentinas el año pasado y que comenzó a desacelerar abruptamente sus compras y a rediseñar su política de comercio internacional. No en vano el ministro del Industria a poco de asumir en el segundo gobierno de Dilma,convocó a una reunión a su par Débora Giorgi para revisar los acuerdos en esa área con la Argentina.
Pero también, está claro que el escenario de fin de ciclo que se había instalado en la agenda económica está lejos de ser un pronóstico acertado y sí, en cambio, se acerca más a una profecía autocumplida. Sin embargo, esta calma de verano que fue despabilada por la denuncia y luego la muerte del fiscal Nisman, también fue una buena oportunidad para que la discusión de campaña volviera al terreno que más le gusta a los dirigentes políticos y se corriera de la agenda económica. Quedaron de lado los debates sobre la forma de encarar la resolución adversa del juez Thomas Griesa, la manera más acertada de promover inversiones, la estrategia ideal para lograr contener al dólar blue, la crisis energética o las recetas antiinflacionarias.
Fue sí más seductor para los candidatos sumarse a los paneles mediáticos, e incluso a las disputas vía redes sociales, sobre la institucionalidad, fundamentalmente centrada en la supuesta manipulación de la Justicia por parte del Ejecutivo y las siempre cenagosas especulaciones sobre los servicios secretos, la redituable crítica a la utilización de los fondos reservados y sobre todo, a la impunidad sobre el atentado a la Amia, a la cual, para ser sinceros, colaboraron en estos veinte años casi todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria.