Pinzas, martillos y destornilladores. El camino entre las Paso y las elecciones de hoy estuvo lejos de ser un tiempo muerto. En términos de política nacional, la febril tarea de "recauchutaje" del barco oficialista, fue ocupando su lugar en el centro de la escena.
Entre sopapos y sintonía fina, se entreveraron tardías medidas reparadoras, como la corrección del impuesto a las ganancias en la cuarta categoría o la actualización de los rangos del monotributo, con una batería de acciones orientadas a recuperar otro centro: el del espectro ideológico-político, el centro de la agenda que se confunde con las vagas pero poderosas nociones de "opinión pública", "racionalidad" o, en su traducción más coyuntural, "normalidad".
Las negociaciones con el FMI para crear un nuevo índice de inflación, las negociaciones con el Banco Mundial para reactivar el financiamiento externo, el acuerdo de pago a los fondos que compraron los juicios de las privatizadas de los 90 contra la Argentina, la posibilidad de negociar con los fondos buitres una fórmula de pago de los títulos de deuda defaulteada que compraron en la crisis, entran en esta tanda.
El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, quizás ya no se quiera ir. O al menos no antes de avanzar en su tarea de "reparador de deudas", un título acorde con la teoría del fin de ciclo, no en términos partidarios sino de programas. Más concretamente, del programa de la posconvertibilidad.
La convalescencia de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue funcional a este giro discursivo, un fenómeno estrictamente más novedoso que el cambio que ya desde 2011 se opera en el programa de la posconvertibilidad. El gobernador bonaerense, Daniel Scioli, uno de los campeones de ese ring político que cíclicamente enamora al electorado, en el que se habla y se dice poco, donde el consenso, la previsibilidad, la institucionalidad y "las medidas que sabemos todos" son sinónimos de racionalidad, asumió prácticamente la jefatura de la campaña y su impronta se trasladó a medidas de gobierno. Desde la entronización de intendentes pistoleros en el área de seguridad, sus críticas a Guillermo Moreno y su promesa a los empresarios de Idea de convertir un modelo económico amigable en un modelo amigable en lo económico, lo político y lo emocional, la oferta oficialista redujo la brecha entre el relato y los hechos. A favor de los hechos.
En sus distintas versiones y formatos, la propuesta de restauración del paradigma surgido de 2001 es la que domina en el universo de candidatos con chances numéricas en la elección de hoy y en el proceso que sucedería. La sciolización oficialista completa esa oferta y, aunque no se puede conocer el futuro, obstruye la posibilidad de que una eventual recuperación política sea traccionada por un programa transformador, como el de 2009-2011.
Esa agenda quedará depositada hoy por hoy, más bien, en el espacio de las distintas variantes de izquierda que intentarán alcanzar representación legislativa.
En el universo político donde se cuentan los morlacos, la agenda 2013-2015 aparece hoy prefigurada con promesas de recuperación de la competitividad y de ajustes necesarios para recuperar los superávits fiscal y externo, formas macroeconómicas de las transferencias de ingresos que operaron con la megadevaluación de principios de siglo. Como siempre, estas premisas formarán parte de un campo de disputa que no las dejará impolutas. El programa Procrear, por ejemplo, promete tener impacto en la valoración política de esta administración, aunque no haya llegado a tiempo para las legislativas.
Entre estas tensiones, el juego se abre y empieza de nuevo. Poca difusión tuvo el trascendido periodístico, de la agencia oficial de noticias, lo que no es un dato menor, sobre la posibilidad de que el Ministerio de Economía acuerde con la Ansés una fórmula de negociación por las deudas cruzadas entre la Nación y Córdoba, incluida la de la Caja de Jubilaciones.
En tiempos en que los jefes territoriales recuperan centralidad, cuando la figura de la Liga de gobernadores vuelve a ser una posibilidad, las disputas de recursos entre Nación, provincias y municipios, ofrecen un terreno de negociación que va más allá del cálculo económico. Se construyó en los últimos diez años una nueva coparticipación ad hoc, que dejó heridos en las provincias. No sería extraño que la renegociación de ese esquema articule otro tipo de alineamientos.
La relación entre los niveles de gobierno, en un país federal por una construcción histórica, va más allá del cálculo de la distribución de recursos o asignación del gasto. Es un elemento poderoso de disputa política. Y es en los territorios donde hoy anidan los conflictos que desafiarán al Estado durante los próximos años. La criminalidad como modo de acumulación económica y política, desplegada sobre una sociedad desigual y colapsada en sus normas elementales de convivencia es un fenómeno y también un inquietante programa que trasciende los niveles de gobierno. En este sentido, Rosario es hoy lo que el país mañana.