El mismo día que cumplió 18, después de una discusión familiar, Liliana Guzmán se enteró que era adoptada. Ahora, 20 años después, dice que la sorpresa no fue tan grande y que siempre había sospechado algo. En ese momento, sus padres de crianza le contaron que su mamá la había entregado porque era la menor de varios hermanos y había nacido muy enferma. Desde entonces, cuenta, no pasó un día sin pensar en esa mujer, pero empezó a buscarla recién cuando fallecieron sus adoptantes. Y todavía sigue en ese camino.
En un punto, la historia de Liliana no es singular. Con sus particularidades, no son pocas las personas adultas que fueron separadas de sus padres biológicos y anotadas como hijos de otras parejas. Algunos nacieron antes del 76, otros después, pero sus análisis de ADN no mostraron compatibilidad con los grupos familiares de desaparecidos que se conservan en el Banco Nacional de Datos Genéticos.
Según calculan desde distintas organizaciones no gubernamentales en todo el país hay alrededor de 3 millones de personas que ignoran su origen porque fueron entregadas en adopciones ilegales. “Fuimos víctimas del tráfico de niños, robados o entregados por nuestras madres y anotados con partidas adulteradas”, advierte Guzmán.
Cuando decidió iniciar la búsqueda de su familia biológica y tomó conciencia de todo esto, la mujer se sumó a la Asociación Búsquedas y ahora coordina las reuniones mensuales que se desarrollan en la sede de la vicegobernación, en Santa Fe al 1900.
En Rosario, el banco de datos de la entidad suma unas 50 historias. La mayoría tiene como protagonistas a personas que ya pasaron los 30 años, fueron anotadas con el apellido de quienes las criaron y están buscando a sus padres biológicos o sus hermanos. Apenas un par son madres o padres que quieren conocer a sus hijos.
En los volantes que la organización entrega en cada acontecimiento masivo o en su sitio de Facebook, todos se presentan con un retrato, su nombre de pila y su fecha y lugar de nacimiento. Después, hilvanan el relato que fueron reconstruyendo de a poco.
A Silvia, por ejemplo, su padrino le contó que nació una tarde lluviosa de mayo del 66, en un sanatorio del centro de la ciudad. Sus padres de crianza, Eloísa e Isidoro, fueron a buscarla esa misma noche. Isidoro trabajaba como chofer en Obras Sanitarias de la Nación y uno de sus pasajeros frecuentes era una médica, quien contactó al matrimonio con una joven que había quedado embarazada y estaba dispuesta a dar a su bebé en adopción.
Bibiana sabe que nació el 24 de abril de 1975 en la clínica Rioja, que se encontraba en Rioja al 2400. Un lugar al cual, por lo que pudo averiguar, solían concurrir jóvenes muy humildes y de muy escasa edad. También tiene el nombre de la partera que firmó su partida de nacimiento, pero no más que eso.
Otra mirada. Durante mucho tiempo la adopción se pensó en función del deseo de las parejas (generalmente matrimonios) que no podían tener hijos. La ley actual, vigente desde 1997, cambió la mirada y se centró en el derecho de niños y adolescentes de tener una familia.
La titular del instituto de Derecho de Familia del Colegio de Abogados, Adriana Girardi, recuerda que la primera ley de adopción, en 1948, admitía sólo la adopción simple, donde el vínculo se establece entre adoptado y adoptante sin extinguir los lazos con la familia de origen. En el 71 se incorpora la adopción plena, pero lo peculiar de dicha ley es que la entrega del menor no estaba sometida a control judicial. “Era posible incluso entregarlo mediante escritura pública o acto administrativo”, explica.
Recién en 1997 se “impone la declaración judicial de la situación de abandono del menor y, bajo pena de nulidad, obliga a citar a los padres de sangre en el juicio de adopción”. Además, crea el registro de aspirantes a guarda con motivo de adopción y establece el derecho de los hijos adoptivos de conocer su identidad de origen, permitiéndoles acceder al expediente judicial cuando alcancen la mayoría de edad.
Un camino complejo. Pero, para las personas que participan de la asociación Búsquedas, el camino es mucho más complejo. No hay archivos ni registros a donde recurrir. Y muchas veces tampoco certezas de fechas o lugar de nacimiento. “Es una tarea difícil, larga y compleja. Por eso nuestro principal objetivo es acompañar y brindar contención”, cuenta Guzmán.
Casi como una investigación detectivesca, el primer paso es difundir las historias, a través de las redes sociales, en los medios de comunicación o en volantes fotocopiados. Se buscan los nombres de los profesionales que firman las partidas de nacimiento. Si los sellos indican el nombre de un hospital o un sanatorio se pueden reclamar también los libros de parto.
Con el nombre de la madre biológica el camino es más fácil: se puede consultar el padrón electoral o bases de datos del Registro Civil. Y, finalmente, un análisis de ADN permite confirmar o descartar las sospechas.
“Pero muchas veces pasa que da negativo. Y ahí hay que empezar todo de nuevo”, se lamenta Guzmán.
Por eso, en mayo pasado, se presentó el proyecto de ley nacional por el derecho a la identidad de origen y biológica. Y las organizaciones como Búsquedas llegaron hasta la Cámara de Diputados de la Nación con los pañuelos violetas que usan como símbolo.
La iniciativa pretende amparar a las personas que han sido apropiadas y quieren reconstruir su historia. Para eso se crea un Instituto Nacional para la Búsqueda de la Identidad de Origen y Biológica de las Personas, en la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y un banco de datos genéticos con el objetivo de “registrar y almacenar información”.
En varias provincias, entre ellas Chaco y Mendoza, se estudian proyectos similares. “En Santa Fe estamos reclamando que la oficina de Derechos Humanos o algún área del Registro Civil tome los casos, pero todavía falta mucho”, señala Guzmán.
Mientras tanto, las historias siguen dando vueltas en la web, en los medios de comunicación y en modestos volantes. Y sus protagonistas esperan un dato, una fecha, un nombre, que les permita continuar su búsqueda.
