La devaluación y las elecciones

La represión de la policía metropolitana de Buenos Aires en el hospital Borda, y su justificación, expone en parte un programa de gobierno. No es ocioso recordarlo a la hora de poner en perspectiva las elecciones legislativas de este año, complejizadas por el cruce de agendas locales y nacional.

   La dificultad del kirchnerismo para explicar algunas recientes medidas de gobierno y el crecimiento patrimonial de empresarios cercanos, reaviva las esperanzas de la oposición de reeditar el resultado electoral de 2009.

   El componente territorial que adquieren los comicios de mitad de término contribuye al optimismo de este variopinto conglomerado que apuesta a contar al final del día, como una victoria, la suma de todos los liderazgos comarcales.

   El desprecio unitario con el que el gobierno nacional gestiona su relación con los Estados provinciales es funcional a esta estrategia, al menos en las provincias preexistentes a la Nación. Esta actitud le jugó una mala pasada al oficialismo hace cuatro años. Ahora intenta nivelarla a través de la transferencia directa de fondos a municipios y comunas.

   La guerra de cajas y las gestiones distritales tendrán su miga en la conformación del escenario electoral. Prometen abrir la discusión y permitirán, entre otras cosas, que el localismo disfrace los alineamientos ideológicos. En este esquema, la cachiporra porteña puede esconder su sociedad con la “novedad política” que ese mismo espacio partidario promete en Santa Fe. Pero no puede negarla.

   El grado de libertad que la territorialización da a los referentes opositores alienta las fotos que exhiben protoarmados políticos, como las de peronismo disidente en Córdoba. Fue curiosamente el jefe de gobierno porteño el primero en denunciar esa exhibición de caciques peronistas como “noventista” y propia de “la vieja política”. Es interesante el debate que plantea esa acusación dentro de un caleidoscopio de partidos que el espacio cacerolero insiste en pegar de cualquier manera.

   El límite de ese análisis es la pregunta sobre el significado del noventismo o de la vieja política a más de diez años de la crisis de 2001. ¿Es Macri menos noventista que Moyano o Lavagna? ¿Es Scioli menos noventista que De la Sota?

   En materia económica y política, la posconvertibilidad parece haber llegado ya hace un tiempo a la mayoría de edad, cuando no a su madurez. Y, lectores de otras realidades, los protagonistas de esta etapa de la discusión política operan sobre ese nuevo sustrato. Dificilmente alguien se suicide en la agenda pública exhibiendo su vocación por retroceder diez años, aunque las continuidades del proceso histórico existan y se cuelen, por ejemplo, en la justificación de los palos a locos y enfermeros.

Crisis posconvertibilidad. Desde otra perspectiva, lo que parece estar en juego actualmente no es la contradicción entre los modelos de las últimas dos décadas sino cómo resolver la crisis de la posconvertibilidad, expresada en los límites al crecimiento acelerado, la puja inflacionaria, el moderado desempeño del empleo y la subsistencia inquietante de un mundo de precariedad y asimetrías que no fueron erradicadas durante la etapa expansiva.

   Los motores de la economía de la última década funcionan más lento. En ese punto, se cruzan la agenda electoral localista con la nacional. Con el dólar paralelo tocando la paridad Laje, que tanto entusiasmó a los predicadores del mercado en 2002, la discusión cambiaria se metió sin cortapisas en la campaña. No hay pavimento, subsidio ni bicisenda que desobligue totalmente a los referentes políticos a tomar postura sobre los conflictos generales. De hecho, la última semana fue el gobernador de Santa Fe, también referente del FAP quien pidió desdoblar el mercado cambiario para aliviar a las complicadas economías regionales. Asumió, de hecho, la doctrina del viceministro kirchnerista Axel Kicillof, demonizada en los foros corporativos en los que cada vez se sienten más cómodos los dirigentes socialistas. Y gambeteada paradójicamente por la histórica espada del kirchnerista santafesina, Agustín Rossi, quien consideró el pedido de Bonfatti como una pretensión de “volver al 2002”. Objetivo similar, denunció, que el del economista del PRO, Federico Sturzenegger, quien pidió acelerar la devaluación porque el atraso cambiario “llega al 40%”.

   El tipo de cambio administrado es una de las grandes diferencias de política económica entre la primera década del siglo XXI respecto de la convertibilidad. Parece haber consenso político y empresarial en la necesidad de cuidar su competencia en un mundo en guerra de monedas. De hecho, de manera por veces extraña, el gobierno tiene una política. El contraste déficit comercial récord de Brasil y el trabajoso superávit argentino, así como la reversión de la corriente turística con Uruguay, hablan de resultados cambiarios.

   Está en el campo del gobierno la posibilidad de cerrar las contradicciones en su plan de preservación del superávit de cuenta corriente. En el de la oposición está la necesidad de expresar su opinión sobre la política monetaria, la distribución de los costos y beneficios que conlleva, la pesificación y la administración del comercio. Pedir devaluación para luego embanderarse en las expectativas del dólar blue o gritar la defensa del atesoramiento en dólares, es tramposo. Sobre todo, de cara a los trabajadores que dependen de que los aumentos que obtengan en la paritaria no se licúen en un corrida.