La discusión en el uso de las reservas para el pago de la deuda encerró al
gobierno y la oposición en una dura pelea que ya lleva tres meses. Salvo algunas voces, la disputa
no incluye cuestionamientos a la legimitidad del pasivo que se quiere afrontar. Pero como un
espectro, la deuda externa, engranaje central del modelo instrumentado por la dictadura militar en
1976, se niega a ser suprimida totalmente de la discusión.
En las puertas de un nuevo aniversario del golpe militar, el recuerdo de la
investigación que durante 18 años llevó Alejandro Olmos y que terminó con el fallo histórico,
aunque testimonial, de la Justicia que confirmó la ilegalidad de la deuda, son referencias
ineludibles contra el posibilismo.
En 1995, plan Brady y privatizaciones mediante, la deuda externa argentina
rondaba los 130 mil millones de dólares. El endeudamiento saltó de los 8 mil millones de dólares en
1976 a 43.500 millones en 1983 y siguió engordando en democracia. A fines de septiembre del año
pasado en los registros de la administración nacional superaba los 140 mil millones de dólares.
El economista Jorge Schvarzer, autor del libro "La política económica de
Martínez de Hoz" fue un visionario. Aún durante los días más crudos de la dictadura del 76,
escribió una obra en la que describió cómo el gobierno militar inició "el más sólido, duradero y
coherente intento de reestructuración global de la Nación que se haya conocido en las últimas
décadas, en consonancia con los criterios y expectativas de los grupos dominantes".
La multiplicación desmesurada de la deuda sólo puede inscribirse en esta lógica.
En la estrategia de crear un "mercado", constituido como "nuevo actor social capaz de incidir en el
mecanismo de decisiones que se adoptan en el país". Un actor que "lejos de surgir de un juego de
voluntades atomizadas, articula el liderazgo y la capacidad de presión de un grupo de empresas que
maneja los grandes negocios".
"Las sucesivas renegociaciones de la deuda externa a través de diversos
mecanismos (plan Brady, megacanje y sucesivos canjes) no se tradujeron en un proceso de
desendeudamiento", recordó el abogado y profesor de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Jorge
Elizondo.
En un artículo que se publica en este suplemento, el letrado se queja porque "el
gobierno y la oposición de derecha continúan planteando un falso dilema: pagar la deuda externa con
ajuste o con reservas, cuando el problema consiste en resolver si se debe o no pagar una deuda que
ha sido declarada ilegítima en virtud de la sentencia del juez (Jorge) Ballesteros en el 2000 y que
las sucesivas novaciones realizadas por los gobiernos constitucionales han pretendido
convalidar".
El economista Sergio Arelovich hace una disección del monto y procedencia de la
deuda actual. Según su estimación, el pasivo externo de la Argentina suma aproximadamente el 47,5%,
es decir el equivalente a unos 66,7 mil millones de dólares, mientras que el resto es deuda
interna, es decir con acreedores que residen en la Argentina. Propone, además, formas alternativas
de abordaje a ese debate.
En el fallo de julio de 2000 en la causa iniciada por Olmos para determinar la
responsabilidad del endeudamiento externo a partir de 1976, el juez Ballesteros reconoce la
ilegitimidad de la deuda y si bien termina sobreseyendo al ex ministro de Economía José Martínez de
Hoz —el único procesado en la causa— por prescripción, avala los fundamentos de la
denuncia y le pide al Congreso que investigue el origen y la conformación de este pasivo,
entendiendo que esto resulta clave para una futura negociación con los acreedores.
Sin embargo y a pesar de la reinvidicación post mórtem del trabajo de Olmos, no alcanzó para
revertir la mirada política sobre un tema que resultó urticante para muchos sectores en la
Argentina.