Frente a esta peligrosa guerra entre los tres poderes del Estado nacional,
estamos viviendo con profundo escepticismo respecto a que esta democracia sea una forma efectiva de
administrar de los gobiernos para dar respuesta a las necesidades materiales y espirituales de sus
representados, lo que asumimos con preocupante resignación.
En términos morales, la democracia será legítima con el apoyo expreso del grueso
de sus ciudadanos, que además de su voto periódico está asumiendo que solo una modesta minoría
participa de los asuntos de su Estado y sus instituciones, trayendo una apatía creciente
igual que aumenta la separación de los ciudadanos de sus representantes. Esto se refleja en la
disminución de la participación de las mayorías en las elecciones, lo que afecta a la legitimidad
democrática de los gobiernos, aunque sean "legalmente elegidos".
Desde los años 70 se han generalizado desde algunos políticos e ideólogos, los
argumentos de que el papel del Estado debe ser reducido a la mínima expresión, porque la calidad y
costo de sus servicios son indeseables y el mercado puede prestarlos mejor, reclamando la
privatización para ponerlos en manos privadas con negocios lucrativos. Se exacerbaron los éxitos de
la economía y los servicios a la población de los países ricos, aunque en otro contexto cultural y
otras tradiciones; para compararlos con los fracasos en los países emergentes o
subdesarrollados, y con los incumplimientos de las promesas de sus gobiernos.
El Estado nacional o local son el marco esencial de la política democrática,
pero hoy vive una mayor debilidad que antes, y la relación entre los ciudadanos y las autoridades
públicas tiene un carácter muy lejano. Así se deteriora cada vez más la calidad intelectual de los
políticos, que se ven confrontados con los medios de comunicación y con la opinión pública, cuando
éstos ejercen un cierto control sobre las acciones de gobierno, por la falta de debates
parlamentarios serios que reflejen el descontento público. Solo apelan a descalificar estas
expresiones diciendo que son obra de pequeñas minorías poco representativas, pero ellos no
entienden la actualidad de un mundo globalizado donde conviven fuerzas que ejercen un impacto
directo en la vida cotidiana de los ciudadanos y que los gobiernos no pueden controlar.
La tarea específica del gobierno debe responder a la visión de nación que les
propuso a los ciudadanos para ser elegido por las mayorías; y el pueblo puede no ser idóneo
para juzgar los proyectos, pero sí los resultados. Los gobiernos democráticos deben evitar el
populismo y la publicidad electoralista, en las decisiones que adoptan para llevar adelante su
acción de gobierno.
El siglo XXI no se presenta favorable a ningún tipo de dictadura, ni de derecha
ni de izquierda, y rechaza toda convicción antidemocrática, a pesar que en numerosas regiones
subsisten la pobreza y el descontento social. Se requiere un Estado que disfrute de la legitimidad,
del consenso y la capacidad para mediar en los conflictos que enfrentan a los grupos locales.
Se institucionalizaron los levantamientos y los disturbios, que han desarmado a
la fuerza pública frente a la violencia callejera y han hecho fracasar los mejores intentos de una
nueva legislación para encarar los grandes problemas sociales. Las autoridades deben buscar el
equilibrio entre el empleo de la fuerza y la persuasión o la confianza ciudadana en el
control del orden público; partiendo de información fidedigna de la situación. La seguridad
pública, lo que la gente entiende por la ley y el orden, debe ser garantizada por las instituciones
y autoridades que organizan la vida civil, lo que incluye a la policía.
Los Estados con economías estables y una distribución de la riqueza
relativamente equitativa son menos susceptibles de sufrir estas crisis sociales y políticas. Estas
generan violencia que dependerá de la legitimidad de los gobiernos nacionales frente a la mayoría
de la población.
El siglo XXI heredó una violencia armada que trae un alto grado de sufrimiento a
una sociedad en proceso de cambio en su forma de vida. Las presiones de la uniformidad global, como
la ciencia, la tecnología, las diferentes infraestructuras técnicas y las instituciones culturales,
trajeron un aumento de la emigración de las regiones más pobres a las más ricas, que provoca
tensión social y política en los conglomerados urbanos y sus áreas metropolitanas.
El concepto de poder que inspira el gobierno nacional, con rasgos autoritarios,
se hace más peligroso frente a una oposición desarticulada y sin propuestas alternativas que
convoque a los ciudadanos a un nuevo proyecto nacional. Los gobernantes, apoltronados sobre las
urnas, buscan premiar más la lealtad y la sumisión al líder que la libertad y la crítica.
Instalaron la cultura de que pensar diferente es delito, para anular la voluntad y la conciencia de
los ciudadanos, instaurando la mentira y la negación consciente de la verdad.
Otra vez la situación internacional favorece a la Argentina, pero no sabemos por
cuánto tiempo. Esta nueva oportunidad histórica reclama de la clase dirigente, gobierno y
oposición, de la intelectualidad y los analistas con pensamiento crítico, la elaboración de un
proyecto de país para este siglo XXI, basado en la verdad de nuestras fortalezas y debilidades para
construir una real estrategia de desarrollo con equidad.
No obstante, un gobierno sin credibilidad, desde la torpeza , la soberbia y la
poca transparencia, podrá solamente declamar la defensa de la democracia distributiva, o que
existen progresos en algunos índices de crecimiento , o que sobrevivimos al infierno del 2001,
etcétera. Pero la democracia sin dignidad republicana, el crecimiento sin equidad y el sobrevivir
sin ética republicana están generando una respuesta contundente de la sociedad, de que la vida
digna es un derecho y no una concesión política del gobierno de turno.
No se puede aceptar en la política que el fin de la gobernabilidad justifica los
medios cualquiera sean. Los medios deben ser éticos para poder ser parte de esos fines, en una
sociedad democrática y republicana.
(*) Ingeniero, vicepresidente del Foro Regional Rosario