Edición Impresa

La Defensoría recibe un reclamo diario contra obras sociales y prepagas

Numerosos inconvenientes para los discapacitados de la ciudad al momento de acceder a los tratamientos médicos. La mayoría de las demandas responde a la negativa a cubrir tratamientos...  

Martes 21 de Enero de 2014

El acceso a los tratamientos médicos es uno de los inconvenientes más duros con el que tienen que batallar las personas discapacitadas o sus familias. El año pasado, en la delegación Rosario de la Defensoría del Pueblo provincial el 87 por ciento de los casos admitidos dentro del sector de salud fueron derivados al área de discapacidad. Y las obras sociales y prepagas aparecieron como el segundo rubro más denunciado: por cada día hábil de 2013, hubo un reclamo frente a la negativa a cubrir prestaciones, aún las obligatorias, la demanda de coseguros excesivos e incluso rechazos de afiliación, entre otros problemas.

Días atrás, La Capital reflejó la historia de Gina, una nena de 6 años con síndrome de Down a quien varias obras sociales y prepagas se negaron a afiliar. La única que aceptaba el traspaso del grupo familiar le exigía una cuota extra mensual de 7.700 pesos, sólo por la niña. Tras la adhesión pública que cosechó el caso, las autoridades de esa prestadora le comunicaron a la madre de la niña que avalaban el ingreso de su hija sin pagos extra.

No obstante, a medida que el caso de Gina tomó estado público fue sacando del anonimato a muchas personas que relataron haber pasado situaciones de discriminación similares. Lo hicieron con comentarios en la página web de La Capital o a través de las redes sociales.

Sin embargo, no es un problema nuevo. "Desde hace cinco años los casos relacionados con el acceso a la salud son los que suman mayor cantidad de reclamos", aseguró Iris Pérez, al frente del área de Discapacidad de la delegación de la Defensoría. La oficina se creó en 2008 y, según advirtió su titular, el número de denuncias que se reciben crece anualmente, tanto en Rosario como en el resto del sur provincial.

Durante 2013, sólo a la Defensoría llegaron 879 reclamos relacionados con la esfera de competencia del Ministerio de Salud. De ese total, el 87 por ciento (763 casos) correspondían al área de Discapacidad.

Detrás del pedido de asesoramiento para realizar diferentes trámites se ubicaron las presentaciones hechas contra las obras sociales y las empresas de medicina prepaga (219 casos). Y les siguieron las quejas recibidas por otros temas: jubilaciones y pensiones, transporte, educación, asignación familiar y exenciones de impuestos y tasas.

Los reclamos que involucran a prestadores de salud de cobertura en todo el país se derivan a la delegación de la Defensoría del Pueblo de la Nación, que funciona en el mismo edificio. Su responsable, Claudia Durigón, confirmó que las presentaciones son frecuentes, sobre todo a partir de la entrada en vigencia de la nueva ley de obras sociales, que amplía los derechos de los afiliados.

Según la experiencia de Pérez, la mayoría de los reclamos contra obras sociales y prepagas se relaciona con la negativa a brindar prestaciones obligatorias, la demanda de elevados coseguros para garantizar tratamientos, la demora excesiva en la realización de trámites e incluso el rechazo de afiliación.

"Las personas discapacitadas cuentan con un paraguas legal. Ni las obras sociales ni las prepagas pueden negarse a admitirlas, pero además la ley Nº 24.901 les garantiza el acceso a un sistema prestacional de acuerdo a sus necesidades. Ocurre que, generalmente, las entidades de salud dan vueltas o pretenden cobrar lo que no es. Quizás se malinterpreten las leyes porque son nuevas, tal vez por picardía o, directamente, por una sinvergüenzada", describió.

En todos los casos, alertó, es necesaria una tarea de docencia para explicar a las familias de las personas discapacitadas cuáles son los derechos que las asisten (ver aparte) y también de numerosos llamados a las compañías de salud. A veces eso es suficiente y en la Defensoría ya tienen preparados los textos de las cartas documento para exigir que la negativa se exprese por escrito para poder denunciar el tema en la Superintendencia de Servicios de Salud, organismo de contralor de obras sociales y prepagas.

"A veces los problemas se pueden resolver por la vía administrativa, cuando vemos que se extienden en el tiempo cuestiones que ameritan urgencia también se puede sugerir una presentación judicial. Hay que tener en claro que las empresas van a poner piedras en el camino para que no se pida la prestación. Pero, cuando tenemos leyes que son respetuosas y garantizan determinados derechos, es importante hacer todo lo posible para que se cumplan", concluyo.

¿Te gustó la nota?

Dejanos tu comentario

LAS MAS LEÍDAS