La Cámara de Apelaciones de Córdoba celebró ayer la audiencia en la que los abogados del ex presidente Carlos Menem cuestionaron el nuevo procesamiento del ex mandatario en la causa por las explosiones en la Fábrica Militar de Río Tercero (FMRT), el 3 de noviembre de 1995, que dejaron siete muertos y unos 300 heridos. Además, la Fiscalía se opuso al sobreseimiento del ex jefe del Ejército Martín Balza.
Durante la audiencia presidida por los camaristas Ignacio María Vélez Funes e integrada por José Vicente Muscará y Rafael Vaggione, los abogados de Menem, Juan Manuel Aráoz y Carlos Daer, fundamentaron por qué han apelado la decisión adoptada en agosto de 2013 por el juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa.
Los letrados cuestionaron la incorporación de la sentencia dictada en la causa "Sarlenga", por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia, como elemento de prueba sobre la participación de Menem en las explosiones de la FMRT.
Los abogados también argumentaron que los dichos de Menem, cuando se produjo la explosión, no podían ser considerados como elementos de prueba de su participación en la voladura del establecimiento militar.
Como consecuencia, los letrados pidieron una resolución definitiva sobre la situación procesal de su defendido y que se revoque el procesamiento dictado por considerar que no existen elementos probatorios que compliquen la situación de Menem.
Por el contrario, el fiscal General, Alberto Lozada, requirió que se confirme el procesamiento dictado contra Menem, por entender que la condena que le cupo al ex mandatario en la causa "Sarlenga" indica el hecho que motivó la explosión de la FMRT.
Lozada recalcó que existe "una íntima relación entre el hecho juzgado en Buenos Aires" (en la causa "Sarlenga" o tráfico de armas a Croacia) con la motivación de lo ocurrido en Río Tercero, y en el mismo sentido se pronunció el abogado de los querellantes, Ricardo Monner Sans.
Cabe recordar que, en agosto del año pasado, el juez Ochoa había procesado de nuevo a Menem, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ante un planteo de los fiscales Guillermo Lega, Carlos Gonella y Carlos Trotta, anuló la resolución de la Cámara Nacional de Casación Penal que había dispuesto el cierre, por prescripción, de la causa, en relación con el ex mandatario.