Esta condena parece sugerir una desproporción: mientras que recibe esa alta pena un joven marginal y analfabeto como Abregó, el máximo castigo para un genocida previsto en el Estatuto de Roma (que tipifica los delitos más graves del planeta) es de 30 años.

"Cincuenta años de prisión equivalen a condenar a una persona de por vida, a que muera en la cárcel, y en nuestro país no rige la pena de muerte. Semejante pena es un atentado a los derechos humanos: una persona presa tanto tiempo nunca se va a rehabilitar", cuestiona la abogada Zulkarneinuff.