No hay plata en los cajeros, no hay nafta en los surtidores y a los comerciantes, de golpe, se les mancaron todos los posnet. La luz se corta, los precios suben y el malhumor de los automovilistas crece. El drama televisado lo potencia hasta el infinito. La autoprofecía marcha hacia su realización y el fantasma del 2001 es convocado, ya no en su cara trágica de conflicto social, sino en su farsa. Hay quienes fantasean, incluso, con un nuevo corralito.

Con una ayudita mediática, el gobierno es presa de su éxito. La recuperación del mercado interno, la apuesta al consumo como tractor de la actividad, el sostenimiento de un piso de ingresos para los sectores más vulnerables y los millonarios subsidios a la clase media y acomodada ceban una abundancia que, paradójicamente, crea escasez de los bienes y servicios destinados a sostenerla. La histeria de las vacaciones, la ausencia de una verdadera Secretaría de Comercio que combata la inflación y el desabastecimiento, y la "trampa del Indec", que ahora se traduce en no imprimir billetes de mayor denominación para no admitir que los precios se mueven, profundizan la brecha y le dan nueva vida a una relación social característica del modelo: la que define al consumidor y sus infinitas demandas.

Es complejo definir a este actor como sujeto. Por economía teórica, lo más operativo es concederle a la televisión la posibilidad de producir conocimiento y convertir en concepto ese manojo de juicios y prejuicios que su doxa bautizó como "la gente".

La gente es el objeto del deseo de todas las estrategias electorales, lo cual convierte sus demandas en derechos impostergables. Las legítimas y urgentes, y las que no. Y el Estado es el que responde, ya que no los privados porque, es sabido, "faltan reglas de juego claras". Así, el presupuesto público asignó en 2010 casi 50 mil millones de pesos para sostener tarifas de energía y transporte, entre otros.

A diferencia de las erogaciones de alto impacto en los sectores de bajos ingresos, como el caso de la asignación universal por hijo, los subsidios revisten una "universalidad" que termina potenciando el consumo de los segmentos de mayor ingresos. Sea por el descuento directo sobre la tarifa, como en el caso de la energía o el transporte aéreo, o por el ahorro que significa para los empresarios no tener que trasladar a su política salarial el costo del transporte urbano, cuando se subvenciona a este sector. Estas políticas tienen, además, su impacto geográfico, toda vez que se convirtieron en una verdadera "coparticipación alterna", que concentra fondos en Buenos Aires. Es un drama que los vecinos de la ciudad autónoma no tengan luz. Pero al menos no la pagan como en el interior.

Que el Estado acolchone los precios de los servicios en el marco de una política antiinflacionaria, no suena irracional. Que esa asistencia no diferencie categorías de necesidades, se convierta en el nudo de un sistema económico, construya derechos onerosos y sesgados y, sobre todo, confunda el subsidio con la política de ingresos, tiene riesgos. La experiencia del gasolinazo" boliviano, debería ser un llamado de atención.

Tienen razón los amigos del modelo cuando se consideran ciertas demandas como de "segunda generación", producto del crecimiento. En el caso de los billetes y los combustibles, de eso se trata. No en el del déficit habitacional, la desigualdad, la precariedad laboral y la pobreza. Estas son demandas de primera generación, con respuestas postergadas. Para un modelo que quiere ser distinto, la economía de dos tiempos no es opción.

En ese sentido, las crisis suelen alumbrar alternativas interesantes. El acuerdo entre los gobiernos nacional y provincial para resolver el financiamiento del programa de construcción de viviendas en Santa Fe parece, más allá de la lectura estrictamente política, una buena salida tras la agitación social de diciembre. Intervenir sobre esa necesidad aísla a los brujos del 2001, crea patrimonio y repara a los hijos más vulnerables del modelo. Es la plata pública mejor usada.