La Corte Suprema acusó a Binner de "dañar" a la Justicia santafesina

En un categórico “pronunciamiento”, aunque medido en cada uno de sus términos, la Corte Suprema de Justicia santafesina rebatió ayer enérgicamente las “preocupantes y desproporcionadas apreciaciones” formuladas por el gobernador Hermes Binner instando la renuncia de los ministros del alto tribunal y lanzando duras acusaciones de connivencia política al Poder Judicial de la provincia con los pasados gobiernos justicialistas.

Las manifestaciones “generalizadas (del gobernador) dañan la imagen de un Poder Judicial que se nutre de jueces y funcionarios que ejercen dignamente y al límite de sus posibilidades la función judicial, y de prestigiosos magistrados y funcionarios cuyos nombres y méritos trascienden las fronteras de la provincia y el país”, enfatizó la Corte.

Valores. Tras remarcar que conforma “junto a los restantes poderes del Estado el gobierno constitucionalmente establecido de la provincia de Santa Fe”, la Corte le recordó al jefe del Ejecutivo que “la prudencia y mesura política constituyen, hoy más que nunca, valores que deben ser preservados de modo especial por las autoridades que ocupan cargos de máxima responsabilidad política, por encarnarse en ellas la representación del poder institucionalizado”.

Y marcándole la cancha al gobernador por haber deslizado sus ácidas críticas por los medios de comunicación el órgano de gobierno del Poder Judicial remarcó que “es deseable que las opiniones que dichas autoridades expresan, más allá de la firmeza y convicción con que las mismas sean expuestas, encuentren un límite en la debida consideración y respeto que, en el marco de las relaciones institucionales, se deben entre sí los distintos poderes del Estado”.

Generalización. “Resultan por lo menos preocupantes las manifestaciones respecto de una supuesta connivencia o pacto entre el Poder Judicial y referentes políticos, sin precisar casos concretos, ni indicar los elementos demostrativos de tan grave imputación. No puede dejar de advertirse que toda generalización no hace más que poner en tela de juicio la independencia de todos los magistrados y contribuye —injustificadamente— a alentar la desconfianza hacia uno de los poderes del Estado, impidiendo discernir responsabilidades concretas”, rebatió la Corte Suprema al mandatario provincial.

Y sin dejar de reconocer “la libertad que cualquier ciudadano tiene para expresar sus opiniones y críticas, no resulta aceptable y luce desproporcionada la sugerencia que se formula a jueces que han resuelto en un sentido determinado una causa judicial de indudable trascendencia pública”, en implícita alusión al caso Fraticelli.

El documento elaborado por la Corte se difundió al cabo del habitual encuentro semanal celebrado ayer en Santa Fe a puertas cerradas y sin el acceso de fotógrafos al Salón de Acuerdos.

Del cónclave participaron cuatro de los seis ministros del tribunal: su presidente Roberto Falistocco, Eduardo Spuler, Mario Netri y María Angélica Gastaldi. En cambio no estuvieron presentes el santafesino Rafael Gutiérrez —en el exterior participando de una cumbre de jueces como lo adelantó ayer este diario— y el rosarino Daniel Erbetta.

Al rechazar las críticas sobre una supuesta “falta de compromiso” con la transformación del sistema procesal penal de la provincia, se subraya en otro tramo de la declaración “la iniciativa” del Poder Judicial en la elaboración del Plan Estratégico del Estado Provincial para la Justicia Santafesina “que pasó a constituirse en un hecho inédito en el país, logrando la participación de todas las expresiones institucionales, políticas, académicas, profesionales y judiciales para tratar una agenda de once temas sobre los que se arribó en su totalidad a proyectos consensuados, varios de los cuales aún se encuentran en trámite ante la Legislatura de la provincia y otros han sido convertidos en ley como el Código Procesal Laboral y el propio Código Procesal Penal, que hoy se trata de implementar progresivamente”.

“Asimismo, fue esta Corte la que debió acudir a sus excepcionales poderes reglamentarios, ante la ausencia de normativa procesal en relación al tema”, facturó elípticamente el máximo tribunal.

“No se puede ignorar la dedicación y los esfuerzos que viene empeñando este Poder Judicial en los temas de capacitación, mediación, recursos humanos y materiales que, inclusive, se han gestionado conjuntamente con el Poder Ejecutivo, para acompañar decididamente el proceso de transición entre el nuevo y el viejo sistema, todo lo cual pone claramente en evidencia que no sólo no se es refractario al cambio, sino que hay un decidido involucramiento en el mismo”.

Procurador. En referencia a las críticas de Binner en torno a la designación del procurador Agustín Bassó, el máximo tribunal de la provincia también manifestó su “sorpresa” porque el gobernador en sus declaraciones “pretende endilgar a este Poder Judicial la designación de uno de los integrantes de este Cuerpo, toda vez que aquella designación fue dispuesta por los otros dos órganos democráticamente constituidos del Estado, y a través del procedimiento constitucionalmente previsto para ello”.