La Corte Suprema de Justicia revocó ayer un fallo que ordenaba la libertad progresiva de un grupo de menores de 16 años, reclamó a los gobernantes políticas sociales para resolver las carencias en salud, educación, deporte, infraestructura y lucha contra las adicciones, y pidió al Congreso que adecue la legislación en materia de minoridad.

"Resulta de toda urgencia y necesidad que los organismos administrativos nacionales y locales con competencia en la materia emprendan las acciones necesarias con el propósito de trazar y ejecutar políticas públicas que tiendan, en todo lo que sea apropiado, a excluir la judicialización de los problemas que afectan a los menores no punibles", señaló el máximo tribunal.

Por unanimidad, la Corte revocó un fallo de la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal que había dispuesto la libertad, en un plazo de 90 días, de los adolescentes alojados en el Instituto de Menores San Martín de la ciudad de Buenos Aires, se informó oficialmente en Tribunales.

Casación había declarado en diciembre del año pasado la inconstitucionalidad del artículo primero de la ley 22.278 de régimen de minoridad que establece que "no es punible el menor que no haya cumplido 16 años de edad".

La causa llegó a la Corte, que el 18 de marzo hizo lugar a recurso del fiscal Raúl Pleé y dispuso la suspensión de la medida.

"No es asunto de desaprobar solamente leyes" sino también de establecer "otras políticas, planes, programas generales y especí¡ficos en materia de educación, salud, deporte, adicciones, estrategias, instituciones, instalaciones", afirmó ayer el máximo tribunal.

En ese marco, la Corte le requirió a los gobiernos nacional y de la ciudad de Buenos Aires que "en un plazo razonable adopten las medidas que son de su resorte" y al Congreso que "adecue la legislación en la materia a los estándares mínimos que surgen de los instrumentos internacionales incorporados a la Constitución nacional".

El fallo de la Corte fue firmado por los jueces Ricardo Lorenzetti (presidente), Elena Highton de Nolasco (vice), Carlos Fayt, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Eugenio Zaffaroni y Carmen Argibay.

Argibay hizo referencia a los menores internados en el instituto San Martín, quienes, consideró, "son blancos móviles" de la policía.

"A veces no tienen dónde ir; o los maltrata la familia, o la familia no los quiere tener. No se los puede largar a la calle así, porque los van a matar. No quiero esas muertes sobre mi conciencia", agregó la jueza.

En su resolución, el máximo tribunal dispuso también que cada juez debe velar por los derechos de los menores a su cargo, lo que "implica escucharlos con todas las garantías" y tener un conocimiento "personal, directo y actualizado" de sus condiciones de internación para tomar las medidas que mejoren su calidad de vida.

La intención de la Corte sería que al salir de su encierro los menores tengan contención, asistencia social e integración y no queden a merced de la marginalidad que los colocaría nuevamente tras las rejas.