La Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó la nulidad de los indultos que el ex presidente Carlos Menem había otorgado a los genocidas Jorge Videla y Emilio Massera.
  El máximo tribunal declaró inadmisibles los reclamos formulados por los abogados de ambos integrantes de la Junta Militar que dio el golpe de Estado el 24 de marzo de 1976 e instauró un régimen de facto que se extendió hasta fines de 1983, durante el cual fueron secuestrados, torturados, asesinados y hechos desaparecer millares de personas.
  La Corte Suprema recordó que la Argentina asumió la responsabilidad de investigar y castigar los delitos aberrantes y que ese compromiso no puede ser cerrado por el indulto firmado en 1990 por el ex presidente Menem.
  “La obligación del Estado argentino no es sólo investigar sino también castigar los delitos aberrantes, deber que no podía estar sujeto a excepciones”, resumió el fallo.
  El alto tribunal, en su acuerdo de ayer, rechazó los planteos de los abogados defensores de Videla —actualmente sometido a juicio en Córdoba— y Massera contra sendos fallos de la Cámara Federal de la Capital Federal y de la Cámara Nacional de Casación Penal.
  Los letrados habían planteado la “constitucionalidad” del decreto de indulto 2.741/90 y remitieron a los fundamentos de un fallo anterior que también ratificaba la invalidez de los perdones presidenciales firmados por Menem, en un expediente conocido como “causa Mazzeo”.
  En ese expediente, del año 2007, la Corte fijó por mayoría su posición, según la cual, cuando se juzgan crímenes de lesa humanidad, el principio de cosa juzgada debe ceder ante la obligación —originada en los tratados internacionales en materia de derechos humanos incorporados a la Constitución en la reforma de 1994— de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de esos delitos.
  Los delitos de lesa humanidad, según la Corte Suprema, “no sólo son contrarios a la Constitución nacional sino también a toda la comunidad internacional”.
  Así, consideró que por esa razón “la obligación que pesa sobre los Estados de esclarecerlos e identificar a sus culpables surge también de los tratados internacionales y no es susceptible de ser derogada por tratados en contrario”.
  Al comienzo de su primer gobierno, Menem indultó a los jerarcas militares que habían sido condenados en el Juicio a las Juntas durante el mandato de Raúl Alfonsín.

Terror en Córdoba

La ex presa política Marta del Valle Quiroga identificó a los imputados Adolfo Alsina, Enrique Mones Ruiz, Carlos Pérez y Mirta Antón, como los responsables de las torturas en la Unidad Penitenciaria 1 de Córdoba y en el Departamento de Informaciones de la policía (D2).
  Detalló que fue detenida en octubre de 1975 junto a su esposo, José María Cardozo (fallecido). En la D2, “nos bajan a puñetazos en el estómago, nos vendan y a mí me llevan desnuda a un patio, y después a mi esposo no lo volví a ver”. Añadió que “en una habitación, atada con las manos a la espalda me sumergen la cabeza en un tacho con agua para asfixiarme y me rompen los huesos del pie izquierdo, era desesperante, decían que iban a traer los dedos de mi hija en una caja”.
 

Penitenciarios

Cinco ex guardiacárceles de la prisión platense Unidad 9 que están siendo juzgados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura llevan 24 horas de huelga de hambre en protesta por el proceso al que son sometidos desde el 12 de abril pasado. Los huelguistas son Catalino Morel, Héctor Acuña, Jorge Peratta, Raúl Rebaynera y Víctor Ríos.