El gobierno redobló ayer su presión sobre la Corte Suprema de Justicia al advertir que podría ser "nula" la acordada que estableció la re-reelección de Ricardo Lorenzetti como presidente del cuerpo si se comprueba que el vocal Carlos Fayt firmó desde su casa y no en el edificio de Tribunales la resolución sobre la renovación de las autoridades del alto tribunal.
En tanto, la Corte ratificó "total y absolutamente" la designación de autoridades para el año que viene, con lo cual desmintió las versiones que circularon sobre una posible renuncia de Lorenzetti a la presidencia del cuerpo a partir de 2016.
"La Corte Suprema de Justicia de la Nación comunica que ante versiones publicadas en el día de la fecha ratifica total y absolutamente las autoridades designadas mediante acordada 11 del 21 de abril de 2015", afirmó un escueto comunicado, difundido en el sitio web del Centro de Información Judicial (CIJ).
Los rumores sobre la presunta renuncia del titular de la Corte habían surgido el lunes pasado desde su propio entorno.
En este contexto, el oficialismo decidió acelerar su ofensiva con duras declaraciones del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, mientras que diputados de la organización ultra K La Cámpora quedó al frente de la comisión de Juicio Político de la Cámara baja y puso en la mira la situación del juez Fayt.
Aníbal Fernández consideró que la acordada 11/15 —que dispuso la reelección de Lorenzetti— no es válida porque Fayt no firmó en la sede de Tribunales sino en su casa. "El planteo que se está haciendo es que las actas con las que se justificó el voto de Fayt no se llevó en la Corte, sino que el secretario letrado, (Cristian) Abritta, lo habría llevado a su casa. Si eso es así, estamos en un problema que incluye a todos los ministros de la Corte. Esto falsea la verdad y la Corte no puede caer en falsedad ideológica diciendo una cosa que no sucedió", analizó el funcionario nacional.
Sobre Fayt, Aníbal Fernández subrayó que es "un hombre respetado por sus decisiones, que a los 97 años no está ni física ni mentalmente apto para cumplir con esa tarea" y que por ese motivo el gobierno pidió "los peritajes y muchos dudan que sea él quien haya firmado".
"Es horrible tener que estar hablando en estos términos de la Corte", dijo el jefe de Gabinete en declaraciones formuladas en la Casa Rosada, donde sostuvo que el máximo tribunal "se basa en antecedentes y hechos verdaderos, y no lo son", en referencia al nuevo mandato otorgado a Lorenzetti.
Y recordó que otros miembros de la Corte dieron los mismos argumentos al sostener que "tres ministros dimitieron, (Alfredo) Orgaz, (Gustavo) Bossert, (Jorge) Bacqué, arguyendo lo mismo".
Tras informar que hizo una presentación a la comisión de Juicio Político sobre el caso de Fayt, explicó que "fue un brillante miembro de la Corte", pero aclaró que "hoy a los 97 años no está en condiciones" de seguir en funciones.
Por su parte, el diputado oficialista Héctor Recalde afirmó que lo que "está en duda" no es la firma de Fayt, "sino que haya firmado en la sala de acuerdos", y señaló que "formalmente, podría ser un delito", pero aclaró que "sería un excesivo rigor formal cuando no causa un perjuicio".
En tanto, la jueza María Laura Garrigos de Rébori, presidenta de la Cámara Nacional de Casación Penal y titular de la agrupación Justicia Legítima, propuso ayer "algún tipo de control" psicofísico sobre todos los magistrados, incluidos los de la Corte Suprema. "Ninguno de los jueces tiene un control psicofísico periódico ni de su nivel de rendimiento. En cualquier empleo hay algún tipo de control sobre las capacidades laborales de cualquier persona", sostuvo la magistrada.