Daniel Erbetta, penalista, juez de la Corte Suprema provincial y amigo personal del ahora renunciante ministro de la Corte nacional Eugenio Zaffaroni (dejará su cargo el 1º de enero de 2015), explicó por qué hay que cubrir la vacante en el más alto tribunal de la Nación. En una entrevista exclusiva con La Capital, Erbetta a su vez se pronunció a favor de la sanción del nuevo Código Procesal Penal, actualmente en tratamiento en el Congreso.
Por lo demás, fue terminante con los planteos antigarantistas y favorables a la mano dura: “Llevan a un rotundo fracaso que ya ha sido probado a lo largo del tiempo”, fustigó.
—Sectores políticos de oposición sugieren que el reemplazo de Zaffaroni en la Corte habría que posponerlo hasta que llegue un nuevo gobierno, ¿usted qué opina?
—La ley exige que la Corte Suprema se integre con cinco miembros y no hay ningún motivo para incumplir. Por lo demás, al actual gobierno le resta el 25 por ciento de su mandato y no hay ninguna disposición que neutralice la potestad del actual gobierno a nominar un nuevo ministro de la Corte.
—¿Cómo se entiende que Zaffaroni deje la Corte para jubilarse, con 75 años, y que Carlos Fayt siga, con 96?
—No veo mal que en la Corte nacional haya distintos criterios entre sus integrantes, respecto del derecho o incluso de la vida cotidiana. La Convención Constituyente de 1994 estableció un límite de edad para la jubilación de sus miembros en 75 años. Pero en el caso del juez Fayt, que continúa actuando con 96 años, él ya había interpuesto un recurso antes de la Constituyente del 94 pidiendo se privilegie la estabilidad del cuerpo (continuidad) antes que la edad, y por consiguiente la rotación de los miembros.
—¿Qué deja Zaffaroni con su paso por la Corte Suprema?
—Zaffaroni le dio a la Corte nacional una perspectiva humanista, democrática y amplia. Sus aportes fueron decisivos en fallos como la reapertura de los juicios por delitos de lesa humanidad, su imprescriptibilidad, y en la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de punto final y de obediencia debida. Además, sumó su visión en el derecho penal, y fue acompañado por el resto de los integrantes de la Corte. Lo que dejó una doctrina judicial del más alto tribunal que es modelo en la Argentina. Y, además, absolutamente compatible con los fallos de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
—Zaffaroni es expresión de garantismo, ¿por qué el garantismo tiene detractores, sobre todo en los medios de comunicación?
—El garantismo no significa impunidad. Significa derechos constitucionales para todos los argentinos. Sería un inconveniente que haya jueces no garantistas, porque no estarían cumpliendo bien sus funciones, no harían méritos a sus cargos.
—¿Cómo se siente como juez cuando se produce una ola mediática y de amplios sectores de la sociedad pidiendo cárcel inmediata para presuntos culpables, aún no juzgados, de delitos?
—La mejor explicación la dio hace poco tiempo el Papa Francisco ante juristas. El discurso de la mano dura, de la pena desproporcionada, tiene una alta eficacia política, gran aceptación social. La pena se conecta con la venganza y todos tenemos un instinto de venganza. En lo personal veo estos discursos con preocupación. Detrás de la eficacia política no hay datos científicos que expliquen mejoras para la sociedad. Estos discursos de mano dura sólo entretienen a la gente pero ya se sabe no van a resolver los problemas. Son caminos que están probados a lo largo de la historia y son verdaderas recetas del fracaso.
—A propósito de mano dura, ¿Estados Unidos sería un ejemplo del fracaso de la aplicación de esa concepción?
—Es un país muy violento, con la tasa de encarcelamiento más alta del mundo (más de dos millones de presos), más que China, más que Rusia. Estados Unidos no resolvió el problema de violencia y ha hecho de la industria de la seguridad una variable de desempleo. Al contrario de lo que la gente piensa, Estados Unidos vive un verdadero fracaso con la seguridad y tiene ciudades muy importantes con tasas elevadísimas de homicidios. La Argentina ya experimentó con las llamadas leyes Blumberg y no tuvo ningún resultado positivo.
—¿Cómo ve el nuevo Código Procesal Penal que se está tratando en el Congreso nacional en estos días?
—Absolutamente necesario. Coloca al sistema penal de acuerdo a la Constitución, que en la actualidad no se cumple. La reforma apunta a lograr agilidad, transparencia. La reforma constituye un programa político para los jueces. Los jueces cuando dan una sentencia producen un acto político institucional. La impunidad no es la falta de castigo, la impunidad es que no haya respuesta a través de los años. El sistema jurídico argentino actual es del siglo XIX, cerrado, burocrático y conservador. Y hay que modificarlo.Daniel Erbetta, penalista, juez de la Corte Suprema provincial y amigo personal del ahora renunciante ministro de la Corte nacional Eugenio Zaffaroni (dejará su cargo el 1º de enero de 2015), explicó por qué hay que cubrir la vacante en el más alto tribunal de la Nación. En una entrevista exclusiva con La Capital, Erbetta a su vez se pronunció a favor de la sanción del nuevo Código Procesal Penal, actualmente en tratamiento en el Congreso.
Por lo demás, fue terminante con los planteos antigarantistas y favorables a la mano dura: “Llevan a un rotundo fracaso que ya ha sido probado a lo largo del tiempo”, fustigó.
—Sectores políticos de oposición sugieren que el reemplazo de Zaffaroni en la Corte habría que posponerlo hasta que llegue un nuevo gobierno, ¿usted qué opina?
—La ley exige que la Corte Suprema se integre con cinco miembros y no hay ningún motivo para incumplir. Por lo demás, al actual gobierno le resta el 25 por ciento de su mandato y no hay ninguna disposición que neutralice la potestad del actual gobierno a nominar un nuevo ministro de la Corte.
—¿Cómo se entiende que Zaffaroni deje la Corte para jubilarse, con 75 años, y que Carlos Fayt siga, con 96?
—No veo mal que en la Corte nacional haya distintos criterios entre sus integrantes, respecto del derecho o incluso de la vida cotidiana. La Convención Constituyente de 1994 estableció un límite de edad para la jubilación de sus miembros en 75 años. Pero en el caso del juez Fayt, que continúa actuando con 96 años, él ya había interpuesto un recurso antes de la Constituyente del 94 pidiendo se privilegie la estabilidad del cuerpo (continuidad) antes que la edad, y por consiguiente la rotación de los miembros.
—¿Qué deja Zaffaroni con su paso por la Corte Suprema?
—Zaffaroni le dio a la Corte nacional una perspectiva humanista, democrática y amplia. Sus aportes fueron decisivos en fallos como la reapertura de los juicios por delitos de lesa humanidad, su imprescriptibilidad, y en la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de punto final y de obediencia debida. Además, sumó su visión en el derecho penal, y fue acompañado por el resto de los integrantes de la Corte. Lo que dejó una doctrina judicial del más alto tribunal que es modelo en la Argentina. Y, además, absolutamente compatible con los fallos de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
—Zaffaroni es expresión de garantismo, ¿por qué el garantismo tiene detractores, sobre todo en los medios de comunicación?
—El garantismo no significa impunidad. Significa derechos constitucionales para todos los argentinos. Sería un inconveniente que haya jueces no garantistas, porque no estarían cumpliendo bien sus funciones, no harían méritos a sus cargos.
—¿Cómo se siente como juez cuando se produce una ola mediática y de amplios sectores de la sociedad pidiendo cárcel inmediata para presuntos culpables, aún no juzgados, de delitos?
—La mejor explicación la dio hace poco tiempo el Papa Francisco ante juristas. El discurso de la mano dura, de la pena desproporcionada, tiene una alta eficacia política, gran aceptación social. La pena se conecta con la venganza y todos tenemos un instinto de venganza. En lo personal veo estos discursos con preocupación. Detrás de la eficacia política no hay datos científicos que expliquen mejoras para la sociedad. Estos discursos de mano dura sólo entretienen a la gente pero ya se sabe no van a resolver los problemas. Son caminos que están probados a lo largo de la historia y son verdaderas recetas del fracaso.
—A propósito de mano dura, ¿Estados Unidos sería un ejemplo del fracaso de la aplicación de esa concepción?
—Es un país muy violento, con la tasa de encarcelamiento más alta del mundo (más de dos millones de presos), más que China, más que Rusia. Estados Unidos no resolvió el problema de violencia y ha hecho de la industria de la seguridad una variable de desempleo. Al contrario de lo que la gente piensa, Estados Unidos vive un verdadero fracaso con la seguridad y tiene ciudades muy importantes con tasas elevadísimas de homicidios. La Argentina ya experimentó con las llamadas leyes Blumberg y no tuvo ningún resultado positivo.
—¿Cómo ve el nuevo Código Procesal Penal que se está tratando en el Congreso nacional en estos días?
—Absolutamente necesario. Coloca al sistema penal de acuerdo a la Constitución, que en la actualidad no se cumple. La reforma apunta a lograr agilidad, transparencia. La reforma constituye un programa político para los jueces. Los jueces cuando dan una sentencia producen un acto político institucional. La impunidad no es la falta de castigo, la impunidad es que no haya respuesta a través de los años. El sistema jurídico argentino actual es del siglo XIX, cerrado, burocrático y conservador. Y hay que modificarlo.
