En una medida institucional con escasos precedentes, el juez y el secretario de un juzgado Civil y Comercial de Rosario fueron apartados de sus cargos en el marco de una investigación por corrupción económica con fondos judiciales. La suspensión fue resuelta por la Corte Suprema de Justicia tras un allanamiento a los despachos de los funcionarios, sus domicilios particulares y dos estudios jurídicos presuntamente implicados en la maniobra. La irregularidad fue denunciada por el Banco Municipal de Rosario, que detectó a lo largo de meses movimientos impropios de dinero en cuentas judiciales con saldos inmovilizados.
La excepcional decisión fue difundida ayer por el máximo tribunal a través de un comunicado. La medida alcanzó al titular del juzgado Civil y Comercial 17, Alejandro Pedro Martín, y al secretario Ricardo Lavaca. En paralelo a la causa penal por presuntos delitos económicos y de incumplimiento funcional la Corte inició un sumario administrativo "para deslindar las responsabilidades del caso", que podría derivar en el pedido de juicio político del magistrado.
La suspensión implica el apartamiento provisorio del cargo, es una medida inédita al menos en la última década y refleja que la denuncia tiene entidad suficiente para respaldar una decisión de tamaña magnitud. "Para que la Corte suspenda preventivamente a un juez y un secretario tiene que haber elementos serios y groseros. Una medida de esta naturaleza no se toma frente a cualquier denuncia", dijo una alta fuente judicial.
El apartamiento se dispuso un día después de que la jueza de Instrucción Nº 12, Mónica Lamperti, ordenara una serie de allanamientos en los que se secuestró evidencia para la causa. La investigación comenzó a raíz de una presentación que el 31 de octubre pasado realizó el Banco Municipal de Rosario ante el máximo tribunal.
En ese escrito las autoridades de la entidad crediticia dieron cuenta de movimientos irregulares de ese juzgado con depósitos judiciales de saldos inmovilizados. Una irregularidad que "no aparecía demasiado explicable" y que se sostuvo "entre varios meses y un año", según indicó un vocero. La Corte encontró verosimilitud en el planteo y ese mismo día le dio intervención al fiscal en turno, Carlos Covani, para que inicie una investigación. También abrió un sumario interno en el actúa como sumariante el camarista civil Edgar José Baracat.
Indagatoria. "Comencé una investigación confirmando algunos de los extremos que figuraban en la presentación del banco. Pedí la instrucción de sumario y que se llame a indagatoria a seis personas", dijo a La Capital el fiscal Covani. La jueza Lamperti, en turno el día de la denuncia, dio curso a un expediente y ordenó los allanamientos que se realizaron el miércoles a la tarde en el juzgado, domicilios particulares y dos estudios jurídicos.
El origen. El banco detectó la maniobra a partir de movimientos inusuales en cuentas inactivas (ver aparte). Concretamente, denunció que a partir de oficios el juzgado Civil Nº 17 requería embargos de fondos inmovilizados de causas que se tramitaban en ese y otros juzgados. Esos montos luego fueron abonados a "un grupo chico de profesionales", dijo el fiscal, entre los que se contaban abogados y martilleros. Covani rehusó brindar más detalles de la supuesta mecánica delictiva e indicó que aún no está definido el encuadre penal, lo que ocurrirá cuando Lamperti de curso a las indagatorias.
"Lo que hay que investigar es en qué contexto se produjeron esos embargos", anunció el encargado de la investigación. Más allá de rumores de pasillo que aludían a una suma millonaria, no trascendió oficialmente el monto del presunto desfalco.
Caminos judiciales. El caso abre ahora dos caminos. Por un lado la investigación administrativa —con la supervisión directa de la presidenta de la Cámara Civil, Mercedes Serra— que podría acarrear desde sanciones disciplinarias hasta un pedido de jury del magistrado. Y por otro la vía penal, que también podría derivar en un juicio político del juez, que está protegido por sus fueros, como paso previo a una indagatoria.
A partir de la decisión de la Corte, juez y secretario tienen suspendidas sus funciones jurisdiccionales y de gestión. Mientras tanto el juzgado quedará de manera provisoria a cargo de los otros magistrados civiles, que se harán cargo dos días cada uno, y también se asignará un nuevo secretario.
