“Nos piden que les tengamos piedad porque lo de la licencia puede ser”. Eso le dijo un senador no kirchnerista a una colega suya de otro bloque opositor antes de comenzar la última sesión de la cámara alta. La misma especie sostenía que el peronismo proponía que los discursos fueran en tono medido cuando el tema Amado Boudou se discutiese en el recinto teniendo en cuenta que en los pasillos cobraba fuerza la idea de un gesto inminente del funcionario procesado.
La versión del vicepresidente afuera de sus funciones por 30 días se completaba con una estrategia jurídica de sus abogados de pedirle a la Cámara de apelaciones que retirase el cargo de cohecho pasivo para que el compañero de fórmula de Cristina sólo debiera afrontar un juicio oral por negociaciones incompatibles. “Hasta ahora, nada”, dijo a este cronista en reserva una fuente cercana a Boudou, Hasta ahora, se debe remarcar.
El templo de la lealtad en la política argentina debería tener grabado en su frontis el lema de que el fin justifica cualquier medio. Siempre. Nadie puede ser ingenuo y creer que el Frente para la victoria (o cualquier partido en el gobierno) va a entregar así como así a un funcionario de semejante magnitud a la hoguera del juicio político. Sin embargo, una cosa es levantar la mano por la destitución y otra bien distinta es negarse siquiera a considerar el tema.Las lealtades en la política merecerían tener como límite el código penal, al menos, si es que no se quiere considerar a esa actividad como el paroxismo de la corporación cómplice a cualquier precio. ¿Con qué cara justifican los 17 diputados no haber siquiera leído las acusaciones que pesan sobre Boudou si allí, aparte de los delitos del procesamiento, se suman denuncias fundadas por apropiaciones de vehículos del Senado, omisión de declaración de 27 cuentas bancarias del vice o nombramientos escandalosos en su despacho? ¿Puede un legislador no ser considerado encubridor si ni baraja habilitar la chance de recibir las denuncias y rechaza de plano por “lealtad partidaria” controlar a otro poder como postula la republicana división de poderes? Los 17 miembros de la comisión de diputados de juicio político, entre ellos el santafesino Marcos Cleri que supo invocar la renovación juvenil de la política, eso hicieron. Este legislador de la Cámpora local quedó embanderado por acción y por omisión en la ignorancia vergonzosa de la diputada Adela Segarra que confesó ser una “levantamanos” obediente y ciega cuando estatizó Ciccone sin saber a quién expropiaba o en la obsecuencia petulante de Diana Conti y Eduardo Larroque de denunciar golpe de Estado cuando apenas se piensa distinto a ellos. Raro modo de venir a renovar la política como supo discursear este abogado rosarino.
Amado Boudou fue avisado extraoficialmente que puede recibir otra cédula de notificación con un procesamiento más. El juez Claudio Bonadío se aprestaría a firmar una resolución que considera que deben darse por probado con suficiente mérito que el vicepresidente falseó documentos para poner a su nombre un automóvil que era de propiedad del estado. Casi una metáfora del nivel ramplón al que se ha llevado la devaluación de la política de estos tiempos para que un formulario 08 trucho enturbie una institución de la república pensada por Juan Bautista Alberdi.
Si esto ocurriese, ¿debería renunciar Amado Boudou? Uno cree que no. Y no se trata de la defensa personal de este marplatense particular (en todo el sentido de la palabra) sino de reclamar, a pesar de él, el fortalecimiento de los principios del derecho que hacen que una Nación se parezca más a una república y se aleje del convencimiento de que los resultados de las urnas atropellan todos los límites que no sean hacer lo que al ganador se le antoja. Un procesado es, hasta el veredicto final, inocente. Sin dudas. Boudou es, en el expediente de hoy, jurídicamente inocente. Hasta ahora. Como también Mauricio Macri, procesado, a pesar de su ya preocupante y recurrente torpeza para analizar el devenir de la cosa pública. Con la misma soltura ya ha dicho que a las mujeres les gusta que las piropeen aun con groserías, que su hija está más segura viviendo en el exterior y, ahora, que el delito que se le imputa (pinchar teléfonos, para ser gráficos) no es tan serio como quedarse con “la máquina de hacer billetes”. Todo un estadista. Si encima se cree que ser votado masivamente aún con el procesamiento lava ese fallo adverso, se pasa a la ignorancia de vis autoritaria o a la demagogia.
Un procesado no puede cargar con la obligación de asumir las consecuencias de la condena. Es verdad, por otro lado, que éticamente tiene la facultad, el derecho, la libertad de sentirse abochornado por lo que sucede y solicitar no incomodar a sus representantes y a sus compañeros de ruta mientras transita el camino de su defensa. La obligación de la renuncia opera jurídicamente sobre los condenados. La facultad ética de la licencia, sobre los que suelen escuchar a sus conciencias. Habrá que ver en las próximas horas si Amado Boudou escucha la fría letra de los códigos o se atreve a percibir que hay voces más profundas que habitan en los seres humanos dignos que le están reclamando otra cosa. Se espera también que la laringofaringitis de quien lo eligió para ser su compañero de fórmula le permita hablar del tema y hacernos conocer qué piensa. Sonaría como un estruendoso silencio que Cristina Kirchner no opinara de la cuestión cuando ha hecho culto de hablar de tantas cosas menos trascendentes para el país como del “abuelito amarrete”, de las estatuas de Colón o de Tutankamón. Entre los variopintos otros tópicos por ella abordados.