El Senado de la Nación comenzará a tratar hoy el pliego del ascenso a teniente general del designado jefe del Ejército, el general César Milani, acusado por un ex preso político de La Rioja de haber participado en la represión ilegal. Hasta el momento, Milani ha recibido el respaldo del gobierno y se presentó espontáneamente ante dos juzgados de La Rioja y Tucumán para deslindar responsabilidades. En tanto, el titular del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), el periodista Horacio Verbitsky, le sugirió al militar dar un paso al costado para evitarle un costo político a la Casa Rosada (ver aparte).
La comisión de Acuerdos de la Cámara alta, que preside el chubutense oficialista Marcelo Guinle, se realizará a partir de las 9 en el Salón Eva Perón del Senado, donde se analizarán los ascensos del general de división César Gerardo del Corazón de Jesús Milani, el brigadier mayor Mario Miguel Callejo (titular de la Fuerza Aérea), el contraalmirante Gastón Fernando Erice (jefe de la Armada) y el general de brigada Luis María Carena (jefe del Estado Mayor Conjunto).
Los senadores de la oposición también cuestionarán el patrimonio del militar quien, señalan, "no puede justificar su nivel de vida en las declaraciones juradas".
Si bien el oficialismo tiene las firmas para rubricar el dictamen, la intención del Frente para la Victoria es dejar aclarado que Milani no tiene impedimentos para ocupar ese cargo para lo cual debe ser promovido a un grado superior y por ese motivo el Poder Ejecutivo mandó su pliego al Congreso.
Asimismo, las autoridades de la Cámara alta dejaron abierto el Senado este fin de semana para que los asesores de los legisladores tuvieran acceso a la documentación sobre la foja de servicios de Milani que está en poder de la comisión de Acuerdos.
La oposición, en tanto, se apuró a reclamar que el debate sobre los ascensos militares, en particular acerca de Milani, no se agote en una sola reunión de Comisión.
El radicalismo, encabezado por el presidente del bloque radical, José Cano, se presentó ante la Justicia tucumana para reclamar la reapertura de la investigación judicial sobre la presunta participación del general Milani en el Operativo Independencia en esa provincia.
Por su parte, la Procuración General de la Nación envió a los integrantes de la comisión de Acuerdos un documento en el que se afirma que el jefe del Ejército no se encuentra procesado en causas por violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el terrorismo de Estado.
En el texto se destaca que, ante un pedido de la Procuración, el titular de la Fiscalía Federal 1 de Tucumán, Carlos Brito, informó que Milani no se encuentra imputado, indagado, con indagatoria pendiente, procesado, elevado a juicio ni condenado en causas por delitos de lesa humanidad en trámite o que hubieran estado en trámite ante la dependencia a su cargo.
También se indica que Pablo Camuña, fiscal federal ad-hoc a cargo de la oficina del Ministerio Público de Tucumán, hizo saber que allí tampoco Milani reviste "carácter de imputado, ni se ha solicitado su indagatoria, ni se encuentra procesado en investigaciones por delitos de lesa humanidad".
Lo mismo señaló Michel Horacio Selman, de la Fiscalía Federal de La Rioja, quien informó que hasta la fecha "no obraba imputación en contra de Milani en causas por derechos humanos".
Carlotto quiere investigar. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, aseguró ayer que si la Justicia prueba las acusaciones contra César Milani, el jefe del Ejército debe ser separado de su cargo. "Hasta ahora no ha sido probado. Tuvo varios ascensos y nadie cuestionó nada, pero si se lo encuentra responsable, nosotros de ninguna manera vamos a aceptar que una persona que fue represor se encuentre en un reparto político", reveló.
Carlotto manifestó además que "hay que esperar" la actuación de la Justicia y remarcó que, tanto ella como todas las Abuelas de Plaza de Mayo, tienen "bastante experiencia en esperar la palabra de la Justicia".
Pliegos conflictivos
El Senado tratará los pliegos de 33 jueces. También uno para fiscal general de Formosa de Carlos Gonella, el titular de la Procuraduría contra lavado de dinero, acusado por opositores de beneficiar a Lázaro Báez.
