Buenos Aires.— La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) expresó ayer su profunda preocupación por las condiciones de detención en la que se encuentran las personas privadas de la libertad en la provincia de Buenos Aires.
Buenos Aires.— La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) expresó ayer su profunda preocupación por las condiciones de detención en la que se encuentran las personas privadas de la libertad en la provincia de Buenos Aires.
El organismo internacional recordó que el Estado debe ser garante de los detenidos y "respetar su vida e integridad personal". La Cidh destacó que también que el Estado "tiene la obligación de asegurar condiciones mínimas de detención que sean compatibles con la dignidad humana".
En tanto, hizo referencia a informaciones acerca de que "en los centros de detención se inflingen torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes".
"Entre febrero y junio de 2010 se reportaron 241 casos de torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, de los cuales 115 fueron denunciados ante las autoridades", indicó.
En la dependencia de la Corte Interamerincana, inclusive, dijeron tener conocimiento de "tratos crueles inflingidos a un miembro del Servicio Penitenciario como parte de un «ritual de iniciación» para ingresar en un grupo de élite de ese cuerpo".
El documento, difundido ayer, detalló la visita que una delegación encabezada por el comisionado Rodrigo Escobar Gil realizó entre el 7 y 10 de junio pasado al país.
Los representantes de la Cidh se reunieron, entre otros, con los ministros de Justicia nacional y bonaerense, Julio Alak y Ricardo Casal, respectivamente; la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Elena Highton de Nolasco; y la la procuradora General provincial, María del Carmen Falbo.
En febrero pasado funcionario de la Cidh estuvieron en la provincia de Santa Fe con autoridades del gobierno provincial. Es que desde hace años la provincia enfrenta demandas por denegación de justicia o violación a derechos humanos. Una de ellas tiene que ver con el estado del Irar en Rosario y otra con un planteo hecho por el ex juez penal de Rufino Carlos Fraticelli.
Por Alicia Salinas
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