“La censura al pedagogo español por parte de la Universidad Católica Argentina (UCA) es
otra reacción desesperada de la Iglesia, literalmente sacada porque no puede aceptar haber perdido
el debate social sobre la igualdad de los derechos de los homosexuales”, disparó ayer el
secretario general de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, Esteban
Paulón, quien adelantó además que harán una denuncia formal ante el Inadi. Otro que quedó
“horrorizado” fue el coordinador de la Maestría en Educación Universitaria de la UNR,
Fernando Avendaño, para quien se trató de “un acto de censura inconcebible a esta altura del
partido”.
Esas fueron sólo dos de las voces de repudio a la decisión tomada por la
sede local de la UCA de suspender una jornada de formación docente que iba a dictar el 19 de junio
pasado el prestigioso pedagogo español Miguel Santos Guerra. La razón fue que el último libro del
especialista, “Pasión por la escuela. Cartas a la comunidad educativa”, incluía una
“carta abierta a un profesor homosexual”.
Retiro de libros. La censura de la UCA no se limitó a suspender la actividad
académica: fogoneada por el Opus Dei y altos sectores de la jerarquía eclesial, llegó hasta retirar
los ejemplares del libro que ya estaban a la venta.
El hecho de que la reacción de intolerancia se produjera nada menos que
en un ámbito académico como la Universidad Católica hizo que Avendaño —también profesor e
investigador, pero de la Universidad estatal— se mostrara genuinamente
“horrorizado”.
“Es una cuestión intolerable desde el punto de vista académico,
incluso por el mismo sentido de la palabra universidad, que tiene que ver con incluirnos a todos y
supone un espacio de disenso, de discusión de ideas y de debate”, aseguró.
De paso, Avendaño recordó que Santos Guerra “es un autor sumamente
conocido y respetado no sólo en Argentina sino en la mayoría de los países de habla hispana”,
cuya “bibliografía está recomendada por el Ministerio de Educación y citada en numerosos
documentos ministeriales”. Un pedagogo, dijo su colega rosarino, que además
“permanentemente visita Latinoamérica brindando conferencias y cursos”.
Contexto “caliente”. Las críticas al acto de censura hacia Santos
Guerra —quien dijo a La Capital que nunca le había ocurrido algo similar “en
ninguna parte del mundo”— incluyeron leer políticamente el contexto en que se produjo:
el debate por la reforma del Código Civil que permita el casamiento entre personas homosexuales, un
proyecto que ya tiene media sanción del Congreso y que la Iglesia resiste por todos los medios a su
alcance.
“Esto es una nueva reacción desesperada de la Iglesia, que está
literalmente sacada porque no puede aceptar haber perdido el debate social sobre la igualdad de
derechos de los homosexuales y porque ve altamente probable que el 14 de julio salga la ley que
autoriza el matrimonio de parejas del mismo sexo”, afirmó Paulón.
Presentación. Con indignación, el militante por la igualdad de derechos adelantó
que en el marco del acto nacional que se realizará hoy en Buenos Aires por el Día del Orgullo Gay
(ver aparte) se hará “público el acto de censura de la UCA” y se definirá la
presentación de una denuncia formal ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la
Xenofobia y el Racismo (Inadi).
Quien coincidió en que el marco en que se produjo el acto de censura
contra el pedagogo español no es poco relevante para entender su virulencia fue la vicepresidenta
de la comisión de Derechos Humanos del Concejo Municipal, Mariana Alonso.
“El hecho es propio de la época de la Inquisición, y por eso
merece el más enérgico rechazo político, social y cultural”, afirmó.
Derechos elementales. Para la edila, a la censura de la jornada educativa a cargo
del pedagogo se suma “la igualmente grave decisión de retirar sus libros de la venta”,
algo que “vulnera principios elementales como el derecho a la expresión y hasta la libertad
de pensamiento”, que representa “una arbitrariedad muy grande” y expresa una
“máxima intolerancia”. Todas actitudes, afirmó, que “van a contramano de los
grandes avances en la garantía de derechos humanos que está viviendo el país”, lo que incluye
la posibilidad de que personas del mismo sexo se casen entre sí.
Por todo eso, opinó Alonso, “sería importante que el Concejo
Municipal se pronunciara contra este tipo de actos”, más cuando se producen “dentro de
una comunidad educativa, cuya misión debería ser la de impulsar el respeto por la diversidad y la
pluralidad y acompañar los procesos democráticos”.
